Por Rocío García Olmedo
Decisiones erradas, erráticas, muchas ocurrencias, nula planeación, hemos visto durante este sexenio y cada día se van acumulando más.
A pocos meses de que concluya este gobierno, seguimos conociendo iniciativas -como ha sido durante todo este período gubernamental- que generan mucha incertidumbre, preocupación y desconfianza.
El gobierno federal ahora propone controlar el dinero que hemos ahorrado los trabajadores y trabajadoras de este país en las Afores, porque con ese dinero, quieren garantizar una pensión mínima para quienes en un futuro se pensionen.
Muchas interrogantes han surgido ¿es viable? ¿Las pensiones de los que hoy reciben se incrementarán? ¿Cómo pretenden a más tardar en mayo -como han declarado- proceder a trasladar las Afores de los mexicanos y mexicanas al “Fondo de Pensiones Bienestar” si aún no se crea? Porque si bien el presidente López Obrador en el mes de febrero envió al Congreso 20 iniciativas donde incluye la creación del Fondo aún no han sido aprobadas, ¿Ese dinero alcanza para fondear las pensiones de quienes van a retirarse en los próximos años?
Sabemos cómo se han conducido en el proceso legislativo, no me equivocaría al mencionar que en este caso su aprobación será exprés, sin argumentación, sin discusión.
Lo que no se entiende es porque la prisa para temas de tanta importancia, por qué no llevan a cabo previamente una campaña de información que responda a tantas interrogantes que surgen para que todas las personas puedan tomar la decisión de retirar su Afore o permitir que el gobierno use su dinero; incluso por qué en un tema que afecta a las personas del sector de la población que tanto les preocupan como son las adultas mayores, el presidente podría convocar a una Consulta Ciudadana para que se expresen y voten sobre esta propuesta antes de que el gobierno disponga de sus ahorros resultado de decenas de años de trabajo.
En esta misma situación de vulnerabilidad a la población en su conjunto, se presenta una Iniciativa a una figura jurídica que “constituye en la actualidad la última instancia impugnativa de la mayor parte de los procedimientos judiciales, administrativos y aun de carácter legislativo, por lo que tutela todo el orden jurídico nacional contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que esas infracciones se traduzcan en una afectación actual, personal y directa a los derechos de una persona jurídica, sea individual o colectiva” (Diccionario jurídico mexicano, 1997) el Juicio de Amparo considerado como el sistema de defensa de la Constitución y de las garantías individuales que ha ayudado a muchas personas a defenderse e incluso a revertir decisiones; pretende también trastocarse en sus efectos, vulnerando al derecho de acceso a la justicia, limitando “gravemente la eficacia del juicio de Amparo y el principio de supremacía de los derechos humanos” y que va también contra la progresividad derechos dicho por juristas expertos y expertas en esta materia.
Qué decir de otra iniciativa reciente. Pretender que la “determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo (…)” otorgue Amnistía por cualquier delito, pero además “(…) sin sujetarse al procedimiento establecido (…) así lo dice la Iniciativa, es grave, preocupante, pero también inconstitucional.
Y no me cansaré de insistir, muchos años ha llevado construir las condiciones de competencia, certidumbre y confianza ciudadana para ir logrando transiciones democráticas. Así hemos visto surgir gobiernos de diversos partidos políticos en los tres niveles; y una y otra vez, cada día, el presidente viola la ley electoral. La veda electoral no le ha importado.
En efecto hay dos opciones de gobierno a elegir en este 2024, una, la de la continuidad con un proyecto de decisiones erradas, erráticas, que generan incertidumbre, temor, preocupación, desconfianza y de violaciones constantes a las leyes; y otra, la de una transformación genuina.
Es nuestra la decisión. Todos, todas a votar el próximo 2 de junio.
