Por Rocío García Olmedo
En muchas ocasiones olvidamos las muchas y diversas consecuencias que viven las familias de las personas que han sido asesinadas, desaparecidas o aquellas que han vivido algún tipo de violencia.
Seguramente en su vida diaria recuerdan los momentos vividos antes de que cualquiera de estos flagelos les ocurriera a sus personas queridas. Quienes murieron o desaparecieron probablemente reafirmándose cada día que todas continúan con ellas, pero sintiendo un dolor y un vacío siempre presente, Cristina Rivera Garza refleja esta experiencia terrible, en su libro El invencible verano de Liliana escrito en recuerdo del feminicidio de su hermana Liliana.
Este flagelo es un gran reto para el gobierno, los delitos en contra de las mujeres y niñas van en aumento. 597 feminicidios en este año con corte al mes de octubre, tan solo entre agosto y octubre pasaron de 48 a 74. Diariamente en México desaparecen 43 personas, “…por cada 100 hombres adolescentes desaparecidos, existen 77 mujeres menores de 20 años reportadas como desaparecidas…” señalando que un mayor riesgo se presenta en los estados de Puebla, Hidalgo, Chiapas y Estado de México reporta la Secretaría de Gobernación en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas; y una vez más es presentado, ahora por la presidenta Sheinbaum un programa integral que incluye reformar 17 leyes y 10 compromisos.
Ojalá se aplique en el caso de la nueva normativa propuesta cuando ésta sea aprobada, y se cumpla, en el caso de los compromisos; porque un problema ha sido la falta de seguimiento de acciones al cambio de los gobiernos de cualquier nivel. En 2008 se presentó un plan estratégico, incluso un presupuesto transversal con perspectiva de género se etiquetaron recursos, todo para combatir la violencia y la desigualdad; poco a poco desde el sexenio anterior se ha ido desmantelando.
¿Ahora sí se podrá avanzar? ¿Con esta Suprema Corte que de inicio pretende abrir juicios ya resueltos con sentencias firmes para ser nuevamente revisados? Por fortuna hasta la presidenta lo rechazó, aunque claro recordando en su alocución que como es un Poder autónomo se trataba solo de su opinión personal; pero inmediatamente de este rechazo la Corte difundió un comunicado en el que muestra “su respeto absoluto al principio de cosa juzgada” ¿Poder autónomo?
Peor aún, acaba de decidir no declarar que es inconstitucional la eliminación del fondo presupuestal para la atención y reparación de las víctimas que violenta también el Principio de Progresividad, negándose con ello a garantizar el derecho que tienen las víctimas a una reparación integral. Preocupante lo que sucede en la nueva Corte.
Y además con unas Fiscalías que lamentablemente reproducen la violencia sistemática contra mujeres y niñas que deciden presentar denuncias. Tan sólo un ejemplo de esta gran brecha existente para acceder a la justicia la vivimos recientemente en nuestra entidad poblana. Una niña indígena de 11 años violada, después de un recorrido de 4 horas desde su comunidad en el municipio Pahuatlán al municipio de Huauchinango acompañada de su familia en búsqueda de justicia pretendían presentar su denuncia. No se la recibieron porque no había un traductor certificado.
En un contexto de violencia generalizada, lo dicho, niñas, mujeres y además indígenas acrecienta las vulnerabilidades y eso que tan solo intentaron tener acceso a la justicia con la severa impunidad de la que es acompañada. Sólo la presión social logró que pudiera ejercer un derecho que de origen era obligada su aplicación por parte del Ministerio Público.
El Titular de la fiscalía general de la República otra institución supuestamente autónoma, es retirado del cargo en el contexto de un proceso muy extraño y fuera del marco legal acompañado por las mismísimas presidencias tanto de la titular del Ejecutivo federal como del Senado de la República, más allá de todo lo que este hecho implica, ¿será que esto permitirá ahora sí fortalecer su trabajo y el de las Fiscalías estatales y disminuir las cifras negras de delincuentes que siguen actuando en la impunidad? Ya veremos.
Estas realidades que no puede continuar ignorándose, como muchas de las realidades que impiden acceder a derechos y que han llevado a manifestarse de diversas maneras a muchos grupos sociales que se ven afectados, incluso cerrando carreteras, sin que el Estado asuma su responsabilidad de evitar de una vez por todas la colisión de derechos entre el legítimo que tienen los manifestantes y el que tenemos la ciudadanía para el libre tránsito entre otros derechos que también se ven impactados.
En este nuevo proyecto de nación que se abandera, en muchas ocasiones ¿verdad que se olvida las muchas y diversas consecuencias que viven las familias de las personas que han sido asesinadas, desaparecidas o aquellas que han vivido algún tipo de violencia?, pareciera que sólo la presión social logra el ejercicio de un derecho.
¿Habrá capacidad de autocorrección para eliminar la impunidad sistémica, las barreras lingüísticas, culturales y estructurales y atender los reclamos de justicia? Ya lo veremos.
