El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que existen indicios de que algunas personas habrían sido contratadas para participar en los bloqueos registrados en ocho puntos de la zona metropolitana de Puebla, durante las protestas relacionadas con las denuncias de familiares de internos del penal de San Miguel. Además, señaló que algunos de los manifestantes portaban armas y cubrían sus rostros.
El mandatario consideró sospechoso que las movilizaciones se realizaran de manera coordinada y que los inconformes rechazaran instalar una mesa de diálogo con las autoridades, para después retirarse de las vialidades una vez transcurridas aproximadamente dos horas.
Aseguró que el gobierno estatal ya tiene identificadas a las personas que estarían detrás de las protestas, aunque no reveló nombres. No obstante, sostuvo que esto no impedirá investigar los señalamientos sobre presuntas irregularidades al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.
Respecto a las exigencias de los familiares, Armenta confirmó que se analiza el traslado de dos internos considerados de alta peligrosidad, quienes presuntamente estarían vinculados con el movimiento de protesta. Indicó que ya solicitó a las áreas correspondientes revisar el procedimiento para concretar su reubicación.
Finalmente, anunció una revisión a fondo del funcionamiento del penal, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Comisión de Inteligencia de la Federación. Los trabajos también contemplan evaluar las condiciones de otros centros penitenciarios.
El gobernador reiteró que existe disposición para escuchar las demandas y mantener el diálogo, pese a las circunstancias en las que se desarrollaron los bloqueos.
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