A 11 años de la reforma constitucional en materia penal, México enfrenta un problema en la consolidación de su sistema de justicia en el que la impunidad alcanza porcentajes entre 94 y 96 por ciento.
Así lo señala el estudio “Hallazgos 2018” realizado por el centro de análisis México Evalúa, el cual advierte sobre los riesgos que enfrenta el país ante la posibilidad de un proceso de contra reforma debido a una serie de contradicciones en que han derivado de la forma de aplicar justicia.
Al presentar el estudio, la coordinadora del programa de justicia en México Evalúa, María Novoa, reveló que el sistema de justicia se encuentra en un momento crucial, en donde el reto es atender las brechas para su consolidación o asumir el fracaso.
Advirtió que las estadísticas revelan claras señales de retroceso, toda vez que se ha construido un discurso que sugiere que el modelo acusatorio favorece la impunidad en lo que se denomina “la puerta giratoria”.
En ese sentido, señaló que se han aprobado reformas como la del Artículo 19, con una ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y que se tornan incompatibles con el propio sistema de justicia acusatorio.
Expuso que una muestra de la crisis que enfrenta en esta materia el país, es el hecho de que en 2018 se pasó de dos millones 85 mil investigaciones iniciadas a solo 81 mil 80 asuntos vinculados, es decir solo 3.9 por ciento.
Esto se deriva, entre otras cosas de un fenómeno de “cuello de botella”, que provoca una serie de investigaciones pendientes que alcanza hasta 40 por ciento de congestión ministerial.
En promedio nacional, ello significa, “que cada fiscal está a cargo de 159 investigaciones, lo que revela un problema de sobrecarga del ministerio público” y en donde los casos van desde un simple robo de bicicleta hasta un homicidio.
Por otra parte, se ha mal entendido el concepto de autonomía propiciando una cerrazón por parte de las instituciones que obstaculizan los procesos de investigación.
Todo ello, consideró Novoa, es resultado de una serie de malas decisiones de planeación, de política y priorizaciones frente a recursos escasos.
Como resultado, para 2018 el índice de impunidad federal, es de 94.6 por ciento, en tanto que el de impunidad estatal es de 96.1 por ciento.
Ese año, los estados con menores niveles de impunidad fueron: Guanajuato, Querétaro, Puebla, Campeche y Baja California, mientras que Guerrero, Nayarit, Quintana Roo y Veracruz son las entidades que más problemas tienen para avanzar en la consolidación de su Sistema de Justicia Penal.
Ante este problema, el estudio propone como solución; la consolidación del sistema de justicia, planteado desde hace 11 años y no la contra reforma como podría estarse organizando.
Para ello se plantean tres aspectos a atender: la articulación de seguridad y justicia; una política de priorización penal, y el fortalecimiento de capacidades de investigación criminal.
