En el Congreso del estado se demandó al gobierno estatal regresar la tarifa del transporte público a seis pesos si los concesionarios incumplen con la mejora de unidades, además se propuso regular las clínicas de belleza y cirugía plástica.
Con un punto de acuerdo se demandó a la administración de Miguel Barbosa Huerta a que reduzca el costo del pasaje si en 25 días no se cumplen los acuerdos firmados con los transportistas.
La propuesta fue hecha este martes por el diputado sin partido Jonathan Collantes Cabañas, presidente de la Comisión de Transporte, a donde fue turnado su punto de acuerdo para su análisis y posible aprobación.
Entre los lineamientos que deben de cumplir los concesionarios es renovar las unidades, instalar cámaras de vigilancia, botones de pánico y capacitar a los choferes.
El acuerdo con los transportistas entró en vigor el 12 de octubre del año pasado y se dio un plazo de 120 días para cumplir los requisitos, así que la fecha fatal vence en la segunda semana de febrero.
Hace unos días Barbosa Huerta advirtió únicamente que las unidades que no cumplan con las disposiciones serán remitidas a un corralón.
Buscan regular clínicas de belleza
Otra propuesta busca regular los sitios que ofrecen cirugía plástica, estética y reconstructiva, a fin de que la Secretaría de Salud vigile la calidad de sus servicios y la capacitación de sus especialistas.
Para esto se contempla agregar un capítulo a la Ley Estatal de Salud, que lleve por nombre “Establecimientos dedicados a la cirugía plástica, estética y reconstructiva”, el cual estaría conformado por cinco artículos.
El 259 Bis señalaría que: “la cirugía plástica, estética y reconstructiva, relacionada con modificar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo, o con efectos antienvejecimiento, deberá efectuarse en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente, atendidos por especialistas en cirugía plástica, estética y reconstructiva certificados de conformidad a la Ley General de Salud y la presente Ley”.
El 259 Bis 1 indicaría que las asociaciones, sociedades, colegios o especialistas dedicados a este negocio “deberán de informar de manera trimestral a la Secretaría de Salud del Estado, un listado que contenga los nombres y datos de los profesionistas que lleven a cabo procedimientos médico- quirúrgicos certificados, teniendo la obligación de hacer públicos sus certificados o títulos de especialización vigentes, así como el o los procedimientos médico- quirúrgicos que lleven a cabo”.
En el 259 Bis 2 se precisaría que el funcionamiento de los establecimientos deberá apegarse a lo establecido en la Ley General de Salud y su reglamento, en tanto que el 259 Bis 3 establece que “la oferta de los servicios en propaganda o publicidad que se haga a través de medios informativos, ya sean impresos, electrónicos o por cualquier medio, por especialistas que ofrezcan cirugía plástica, estética y reconstructiva; así como, los establecimientos o unidades médicas en que se practiquen dichas cirugías, deberán prever y contener con claridad su nombre, título que ostenta, número de cédula del especialista, número de certificación otorgado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, el nombre y datos de la Institución y/o Instituciones educativas, que avalen su ejercicio profesional, así como el nombre del establecimiento o unidad médica con licencia vigente”.
Para concluir, en el 259 Bis 4 se advertirá que “queda prohibido en el estado para peluquerías, salones de belleza, estéticas, gimnasios u otras similares, realizar procedimientos de medicina, aplicación de sustancias para aumentar regiones del cuerpo así como cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas”.
La iniciativa fue presentada por la diputada del PES, Nora Yéssica Merino Escamilla, y fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis y aprobación.
Con información de e-consulta
