Es reprobable que el Gobierno del Estado ocupe a las autoridades de procuración de justicia para perseguir políticamente a sus adversarios, convirtiendo al ex diputado federal Eukid Castañón, en el primer preso político de esta administración.
Desde el 18 de marzo, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta inició una clara persecución política, que ha sido ratificada este lunes con el inicio de una nueva carpeta de investigación por presunto lavado de dinero, por el cual se le ha dictado prisión preventiva por cuatro meses.
Pese a no existir competencia de la autoridad y elementos consistentes que prueben el delito que se le imputa al ex diputado federal, en una audiencia que comenzó la noche de este domingo y concluyó el lunes por la mañana, la juez Magally Escamilla Rodríguez negó las garantías a su derecho de libertad.
Como parte de este nuevo proceso se llevaron a cabo los cuatro cateos del pasado 8 de mayo, de los cuales, dos se efectuaron con fallas en las ubicaciones de los domicilios como se señaló en su momento, e incluso terceros afectados lo han externado pública y legalmente.
La investigación se desprende de una serie de declaraciones de la regidora de Atlixco, Julieta Camacho Mata, con quien desde hace tiempo Castañón Herrera ha sostenido una serie de desencuentros a raíz del rompimiento de una relación personal, que dista completamente de su cercanía con la actividad empresarial del acusado.
Es lamentable que las autoridades formen parte de esta serie de acciones personales que a todas luces tienen como finalidad perjudicar legalmente a Eukid Castañón Herrera.
Este acto se suma a una serie de persecuciones emprendidas por el actual gobierno del estado, mismas que se basan en vendettas personales al margen de la gobernabilidad en el estado.
