El actual proceso electoral, conocido como el más grande en la historia de México, es también el más incluyente, a razón del número de candidaturas que son entregadas por los partidos políticos a miembros de la comunidad LGBTIQ.
Para la conformación de la Cámara de Diputados, el INE registra 44 candidatos que se identifican como miembros de alguna expresión de género u orientación distinta a la heterosexual, cifra a la que hay que sumar las postulaciones en los procesos electorales locales, para los que no existen datos numéricos precisos debido al número tan grande de institutos políticos (nacionales y estatales) que competirán en la elección.
En México se elegirán, además de los 500 diputados federales, a 15 gobernadores, mil 900 presidentes municipales, un número elevado de legisladores locales quienes conformarán 30 congresos, miles de regidurías y además algunos cargos específicos en los estados, como es el caso de los presidentes de comunidad en Tlaxcala.
De ahí que el abanico de la elección se haya tornado arcoiris en este 2021, lo cual es bueno, sin dejar de precisar que la mayoría de los candidatos y candidatas LGBTIQ no alcanzarán el triunfo debido a: 1) fueron postulados por partidos políticos minoritarios o con baja intención de voto, y 2) en el caso de las listas de representación proporcional -plurinominales -, los abanderados fueron relegados a sitios con baja probabilidad de obtener su pase a la Cámara.
También es de destacar que esta inclusión de perfiles incluyentes se debe a las acciones afirmativas promovidas en las legislaciones electorales, que no todos los partidos políticos acataron. Es el caso del Partido del Trabajo en el estado de Tlaxcala, que de plano perdió la posibilidad de registrar candidatos a presidencias de comunidad por no haber subsanado las observaciones hechas por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, para que cumpliera con su cuota paritaria.
Y qué decir de Fuerza Por México, que precisamente en aquella entidad, recurrió al ya conocido truco de «las juanitas», o en este caso «juanitos trans», porque 18 candidatos a un puesto político se auto definieron como mujeres con identidad transgénero, para así cumplir con la cuota LGBT sin tener que ceder el espacio a personas que genuinamente son miembros de esa comunidad.
Los consejeros electorales de Tlaxcala se vieron obligados a validar su registro, porque señalaron que efectivamente, cualquiera se puede identificar como persona trans y no necesariamente debe existir una cirugía o proceso de reasignación de sexo que lo compruebe.
Por supuesto que resulta indignante que dichos espacios sean ocupados por gandallas en vez de auténticos integrantes de la diversidad sexual, lo cual habla del poco interés de ciertos partidos políticos por acercarse a la comunidad LGBTIQ. Y qué decir de aquellos que de plano enfocan su proyecto político en atentar contra los derechos de estas minorías (léase el Partido Encuentro Solidario con sus spots antiadopción).
Con todo y tales obstáculos, el 6 de junio habrán de ser electos algunos regidores, diputados locales y federales, incluso algún presidente o presidenta municipal abiertamente gay o trans, que representen en el ámbito político la variedad que hoy existe en todos los sectores de la sociedad. Y de los partidos que buscan hacer trampa o aquellos que atentan contra los derechos humanos, que la ciudadanía se los cobre en las urnas.
