35 años después de que Estados Unidos le declarara la guerra al consumo de drogas, México hizo suyo este combate.
La guerra de Felipe Calderón fue declarada el 10 de diciembre de 2006, en el marco del conflicto postelectoral que sacudía a México y tan sólo en aquel sexenio tuvo un costo de más de 100 mil muertos y unas tres decenas de millares de desaparecidos.
En el libro «Cien años de soledad», el autor Gabriel García Márquez habla por boca de su personaje, el coronel Aureliano Buendía, quien hace ver a sus subalternos que iniciar una guerra es mucho más fácil que terminarla.
Ese probablemente sea el caso de México, cuyo panorama cambió dramáticamente a partir de ese día de diciembre de 2006, según pueden constatar las generaciones que han crecido escuchando hablar de descabezados, leyendo noticias de balaceras, enterándose por la televisión de desapariciones forzadas y sobre todo, sin poder afirmar que el propósito de esa guerra se ha cumplido.
México pasó en una década de ser un país de tránsito a uno de consumo de sustancias ilícitas, entre las que sobresalen la marihuana -con arraigada tradición en la historia política y social del país -, pero también muy recientemente la cocaína y sobre todo el «cristal», en la mira del gobierno mexicano desde enero de 2019.
Disminuyó también la edad en la que los jóvenes se inician en las drogas (entre los 12 y 17 años según la última encuesta nacional de adicciones, proveniente de 2016) y, en territorios que hasta principios del siglo eran considerados ajenos al fenómeno de la narcoviolencia, los habitantes vieron con espanto cómo su tranquilidad se esfumó para dar espacio a problemáticas antes reservadas para las poblaciones del norte.
Un ejemplo de ello es el estado de Tlaxcala, que de ser una de las pocas entidades netamente rurales que quedaban en México, con costumbres y tradiciones tan arraigadas que aún es común ver de vez en cuando carretas usadas como medio de transporte, se volvió en los últimos años en el escenario de hechos delictivos como la siembra de cadáveres, los feminicidios, y la lucha por el territorio por parte de los narcomenudistas.
En Puebla, la situación fue un poco peor. El gran desarrollo económico y turístico que vivió el estado a partir de 2011, se convirtió en el caldo de cultivo para fenómenos como el huachicol, hasta entonces poco difundido, y la existencia de importantes universidades públicas y privadas en la periferia de la capital despertó la codicia de los vendedores de estupefacientes.
Al inicio de esta «guerra», las historias de asesinatos, desapariciones, masacres, levantones y ajustes de cuentas, se veían como algo muy lejano, propio de la cotidianidad de ciudades como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tijuana o Juárez, que desde siempre se han distinguido por su alta criminalidad y consumo de drogas.
Sin embargo en los últimos años, muchos de nosotros hemos sido afectados en nuestro círculo cercano por hechos que atañen directamente a nuestros seres queridos, amigos y familiares, quienes o han sufrido en carne propia las consecuencias de una drogadicción mal atendida, o son las víctimas colaterales de una guerra que no pedimos, pero de las que advirtió muy bien Calderón el día que declaró las hostilidades, al adelantar que este conflicto bélico traería muchas muertes de inocentes.
Por eso, la resolución tomada este lunes por la Suprema Corte, para despenalizar la mariguana, representa sin duda alguna un hecho histórico, ante lo que decenas de organizaciones han calificado como una urgencia en el cambio de estrategia, debido a la flagrancia del fracaso de la guerra, no sólo la nacional sino la que se libra en el mundo desde 1971 por orden de Estados Unidos, que no ha disminuido ni frenado el consumo de estupefacientes, pero que sí ha dejado una estela de mortandad y un número incontable de víctimas.
