El Gobierno del Estado de Puebla sostiene que el esclarecimiento y fincamiento de responsabilidades por la defraudación a la fundación Mary Street Jenkins es un tema de legalidad, cuya solución solo se alcanzará con la reincorporación a sus arcas del capital inmobiliario, accionario y líquido, alojado hoy en paraísos fiscales como Panamá.
Que la prevalencia del Estado de Derecho deba ser una regla permanente en Puebla, sin privilegios ni excepciones. Quienes hoy hablan a favor del abuso, son los mismos que lo aplaudieron cuando ocurrió.
Afortunadamente para Puebla hay pruebas de todo y están siendo presentadas ante las autoridades, mismas que deberán dar la razón a quien conforme a derecho corresponda.
