La autoridad sanitaria tiene puestos los ojos en la lucha contra el COVID-19.
La difusión permanente de medidas preventivas, los decretos para reducir la movilidad masiva y todas las demás actividades fortalecen la estrategia.
La aplicación de vacunas avanza y hemos rebasado la mitad del universo necesario y nos acercamos al 60 por ciento.
Cierto es que el gobierno federal debe apurar la entrega de medio millón de dosis que se aplicarán en la ciudad capital de Puebla, pero no deberá pasar de la primera quincena de agosto cuando ocurra la vacunación masiva y universal.
Sin embargo, hay un tema que preocupa además del regreso a clases.
Me refiero a un mercado negro de pruebas de isopado que laboratorios sin ética ofrecen para salir del paso de diversas actividades empresariales.
Esas pruebas ponen en riesgo alto a trabajadores y usuarios de servicios como los de restaurantes y banquetes.
Los salones y jardines de fiestas generaban antes de la Pandemia 20 mil empleos en cada fin de semana en todo el estado, pero las medidas preventivas los han frenado y se han generado un sin fin de problemas.
En total se estima que hay mil 200 salones de fiestas y los empresarios de estos sitios están obligados a practicar pruebas aleatorias a los usuarios al llegar.
Sin embargo, una parte delicada de esas pruebas suelen no tener concordancia con sintomatología posterior a las muestras y de hecho arrojan falsos negativos.
Al principio se presumía que podían ser errores en las tomas de muestras pero con el tiempo se confirmó que deliberadamente se dan resultados truqueados, obvio negativos aunque esté presente el virus en los asistentes.
Es así que la autoridad sanitaria habrá de reforzar sus operativos para detectar esas pruebas falsas y evitar así una crisis similar a la generada en Cancún con los viajeros argentinos hace unas semanas.
