El secretario de Trabajo, Abelardo Cuéllar Delgado, destacó que, pese a la pandemia por la COVID- 19, el gobernador Miguel Barbosa Huerta mantuvo su determinación de adelantar en Puebla la implementación de la reforma laboral, la cual dijo que representa una nueva era para la justicia en esta materia en el estado.
Dijo que, partir de este miércoles, las juntas locales de conciliación y arbitraje dejan de conocer los conflictos laborales individuales y colectivos, y solamente permanecerán hasta abatir el rezago históricamente acumulado.
Añadió que en agosto de este año se logró concluir mil 221 juicios en beneficio de 630 trabajadores por convenios celebrados y 107 por cumplimiento de laudos.
Recordó que en Puebla fue integrado el Grupo Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Laboral, cuya labor fue conformar los mecanismos necesarios para atender la armonización legislativa, adecuar las instalaciones, contar con equipo y mobiliario necesario para la atención a las y los trabajadores, capacitar a los conciliadores y ejercer un subsidio general autorizado por más de 41 millones de pesos.
NUEVO SISTEMA PRETENDE AGILIZAR CONFLICTOS LABORALES MEDIANTE CONCILIACIÓN: CASADO GARCÍA
En representación de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, la directora general de Capacitación y Difusión para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, Susana Casado García dijo que la nueva Reforma Laboral está basada en tres pilares básicos que son: el sindicalismo, la justicia laboral y la creación de Tribunales Laborales y el Centro de Conciliación.
Refrendó el compromiso de la STPS para capacitar a las y los integrantes de dichas instituciones y así garantizar que todo sea perdurable y a favor de las y los poblanos.
Añadió que el nuevo Sistema de Justicia Laboral prioriza la conciliación (en caso de que exista un acuerdo entre las partes, los conflictos pueden resolverse en 15 días), lo que coadyuvará a disminuir el rezago en la materia.
En el evento estuvieron presentes magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, juezas y jueces, así como diputadas y diputados locales.
