- Los daños y pérdidas económicas globales ocasionadas por desastres en los últimos 20 años fueron de casi 3,000 millones de dólares. En México (2020) se perdieron 31.862 millones de pesos por esta causa.
Los territorios deben ser conceptualizados como construcciones colectivas en las que intervienen dimensiones culturales, históricas y sociales más allá del aspecto físico. Como explicó a la comunidad de la IBERO Puebla Valeria Maurizi, colaboradora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), complejizar el territorio permite entender las desigualdades que intervienen en la planificación de un desarrollo sostenible.
Desde hace más de 25 años, la ONU ha construido una agenda internacional relacionada con la reducción del riesgo. Desde la promulgación del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (1989), una serie de conferencias y acuerdos han enfocado la urgencia de implementar acciones colegiadas para mejorar la calidad de vida y el cuidado del planeta.
Uno de sus epítomes, la Agenda 2030, concentra 17 objetivos relevantes para todo el planeta que consideran las tres dimensiones de la sostenibilidad (ambiental, social y económica) para que nadie se quede atrás. El eje transversal, especialmente tras la llegada de la pandemia, es la resiliencia: la capacidad de adaptarse a través del aprendizaje.
Desde el PNUD se entiende que un desarrollo territorial óptimo debe velar por la disminución de desigualdades, la provisión de bienes colectivos y la conservación de los ecosistemas estratégicos. “Los riesgos no tienen límites: se presentan de manera heterogénea en los distintos territorios porque se dan en contextos de desigualdad”.
Así, el desarrollo sostenible propone acciones que atiendan las principales expresiones de vulnerabilidad. Dichas intervenciones incluyen la implementación de economías circulares y alianzas entre los sectores público y privado; la consolidación de gobiernos abiertos y ciudadanías empoderadas, y las regulaciones ambientales con enfoque de sustentabilidad.
En síntesis, urge contar con una planificación basada en el territorio, su heterogeneidad y las capacidades de resiliencia. “Una política pública con enfoque de riesgo busca disminuir las vulnerabilidades y construir capacidades. La complejidad está en los paradigmas en los que nos basamos [anteriormente]”.
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“Cuando pensamos en cómo generar políticas de desarrollo territorial tenemos que pensarlo desde una perspectiva integral: qué impacto van a tener en el territorio”: Valeria Maurizi.
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Maurizi destacó que la pandemia ha demostrado que la innovación social es una alternativa viable para construir un sistema de gobernanza que haga frente a las problemáticas actuales. Una de las mayores enseñanzas es el trabajo colaborativo a través de los saberes y habilidades de cada persona.
Herramientas jurídicas
Se ha observado que, a pesar del desarrollo económico, la falta de enfoque territorial trae consigo problemáticas como la desigualdad y el establecimiento de la actividad humana en zonas de alto riesgo de deslaves, inundaciones, exposición a contaminación, entre otros.
El paradigma del desarrollo sustentable propone considerar el territorio no como un soporte para la actividad económica, sino comoun factor activo en la vida colectiva. En palabras de Paulo Carbajal del PNUD: “El ordenamiento territorial considera aspectos como la reducción de la pobreza y la mejora de la equidad”. Al mismo tiempo, corrige la distribución de los asentamientos humanos, lo que impacta positivamente en la calidad de vida.
México cuenta con diversas herramientas para ello. La Estrategia Nacional para el Ordenamiento del Territorial 2020-2024plantea algunos lineamientos territoriales y ecológicos, donde se hace la diferenciación entre el comportamiento del desarrollo urbano y la protección áreas naturales.
Por otro lado, el Ordenamiento Ecológico del Territorio permite trazar una planeación basada en las condiciones ambientales de cada área geográfica con especial énfasis en la conservación, protección y aprovechamiento de los recursos naturales. Este instrumento tiene pautas específicas para cada nivel de gobierno, así como con base en los niveles de riesgo.
Además, estos ordenamientos funcionan como ‘candado’ para determinar cómo se utilizará el suelo en espacios no urbanos, lo que contribuye a restringir actividades en ciertas zonas cuyas condiciones no podrían soportar la actividad humana. A su vez, promueven la conformación de mesas de diálogo para la generación de acuerdos entre todos los actores involucrados.
El problema de este tipo de ordenamientos, reconoció Carbajal, es que cuentan con una articulación normativa débil y difícil de argumentar. “No deben ser solo documentos que tengan las personas encargadas del ordenamiento; deben estar socializados”. La propia SEMARNAT ha puesto a disposición de las personas instrumentos en línea para conocer la política de cada región en la materia, lo cual resulta indispensable en el quehacer de la defensa del territorio.
