En sesión de Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de la Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, las y los diputados comenzaron el análisis de reformas para redefinir la naturaleza jurídica de la Auditoría Superior del Estado y la creación de la Unidad Técnica como órgano de apoyo a la nueva Comisión Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior.
En un punto del orden del día se realizó el análisis del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y en otro punto del orden se realizó el análisis del proyecto de dictamen con minuta de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior; la Ley del Sistema Anticorrupción; la Ley Orgánica de la Administración Pública; Ley Orgánica de la Fiscalía General; Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estadio y sus Municipios, todas del estado de Puebla.
Al hacer uso de la palabra, la diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo, comentó que esta reforma es de gran importancia para dotar al Congreso del Estado de herramientas técnicas para desarrollar la labor de vigilancia de la Auditoría Superior del Estado.
Dijo que el Congreso de la Unión cuenta con una unidad de evaluación y control que ha resultado útil para apoyar a las comisiones que tiene por encomienda la vigilancia de las unidades de fiscalización.Por lo anterior, expresó que con esta reforma no solo fortalecerá el papel de la Comisión para la fiscalización superior sino a la propia Auditoria para garantizar su profesionalismo y fomentar mejores resultados.
En su oportunidad, la diputada Mónica Silva Ruiz, explicó que en esta primera sesión para analizar las iniciativas de reformas tienen la intención de enriquecer las propuestas. Sostuvo que se trata de una iniciativa revolucionaria y se realiza una homologación con disposiciones federales, para garantizar que el combate a la corrupción tenga las herramientas y haya claridad sobre los procesos de fiscalización con apego a la normativa.
