El gobernador Miguel Barbosa Huerta consideró que la familia Jenkins de Landa, así como la rectora interina de la UDLAP, Cecilia Anaya Berrios, ya no cuentan con pretextos para seguir evitando el regreso a clases presenciales.
Esto luego de la resolución del juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y Juicios Federales en Puebla, en el que se desconoce al patronato encabezado por Horacio Magaña. En videoconferencia de prensa, l mandatario comentó que ya no hay forma de evitar que el campus sea utilizado para fines académicos.
Barbosa dijo que el cierre del campus a estas alturas, obedece a una estrategia para distraer la atención del desfalco a la fundación Mery Street Jenkins por mas de 720 millones de dólares.
