Para apoyar y mantener a su familia, en 2020, July Raquel Flores trabajaba, entre otras cosas, como conductora de Uber, manejando un Honda City que rentaba por 2,200 pesos a la semana. Aunque ella no lo sabía entonces, ese vehículo sería el medio que hoy la tiene al filo de una condena de 60 años de prisión.
July es otro caso de “chivo expiatorio” en un sistema judicial plagado de irregularidades y fabricación de culpables. La mujer de 31 años y madre de dos niños es acusada de ser copartícipe del homicidio de María Guadalupe Martínez Aguilar, rectora de la Universidad de Valladolid de Xalapa, ocurrido el 29 de junio de 2020.
De nada han servido las múltiples pruebas en su defensa, ni la investigación de la CNDH, que acreditó que July fue golpeada, torturada y abusada sexualmente hasta el desmayo para hacerla ‘confesar’. Tampoco han sido escuchados los testimonios que refieren que el día del crimen, la acusada estaba a 300 kilómetros de distancia del lugar.
Su familia ha denunciado que se trata de un documento apócrifo, pues la firma es falsa.
No sólo Martín Flores, padre de July, me aseguró que la firma no coincide con la de su hija, sino que el mismo día del crimen, estuvieron juntos haciendo una chamba de jardinería en un kínder de Cuautitlán Izcalli, Edomex.
Ojo, en la carpeta de investigación no figura una factura legal de la compra-venta, ni de un comprobante de la transacción, ni un estado de cuenta con el supuesto ingreso; pero, además, su familia cuestiona cómo podría juntar casi 200 mil pesos, viviendo al día.
El 6 de noviembre de 2020, 4 meses después del crimen. Ese día July salió de su casa, en la alcaldía Álvaro Obregón, para atender un pedido de comida que minutos antes le habían encargado por teléfono. Lo que ella no sabía era que sus presuntos clientes, en realidad eran agentes ministeriales de Veracruz, que la detuvieron con lujo de violencia frente a sus hijos, sin orden de aprehensión y la trasladaron al penal de Pacho Viejo.
Durante las 7 horas que duró el trayecto a Xalapa, July Flores fue golpeada y torturada por sus captores. No sólo le propinaron toques eléctricos en sus genitales, sino que también la violaron. Dos veces se desmayó y dos veces la reanimaron para seguirla vejando.
La CNDH documentaría que la joven fue víctima “de diversos actos de tortura, a través de agresiones físicas, psicológicas y sexuales”, por parte de agentes de la Fiscalía de Veracruz para obligarla a aceptar su vinculación en el caso; pese a que incluso los presuntos autores materiales del homicidio negaron conocerla.
Cabe destacar que la recomendación 51VG/2022 por violaciones graves a derechos humanos en contra del gobierno de Veracruz y de la fiscalía estatal fue rechazada por el gobernador morenista, el impresentable de Cuitláhuac García y por la FGE, al considerarla infundada. Lo cual es indignante, pero no nos sorprende, pues con su actuar, ¿qué otra cosa podríamos esperar de ellos?
El abogado de oficio que le fue asignado no presentó ninguna de las pruebas que le facilitó la familia y, por recomendación de éste, tampoco declaró que fue torturada. El resultado fue una rápida vinculación a proceso y puesta en prisión preventiva que la mantiene en reclusión desde noviembre de 2020.
Así pues, el pasado 6 de abril un juez dictó sentencia de 60 años de prisión. Ahora su familia y abogados esperan apelar y que sus argumentos al fin sean escuchados. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProJuárez es quien hoy se hace cargo del caso, buscando no sólo demostrar la inocencia de July Flores, sino también acreditar las diversas violaciones que se cometieron en contra de la mujer.
“Lo único que le pedimos al señor gobernador (Cuitláhuac García) es que haga bien su trabajo con sus autoridades, porque los verdaderos responsables andan fuera gozando de su libertad y mi hija ahorita, injustamente…(condenada a) 60 años”, lamentó el señor Martín Flores.
¿En qué país estamos viviendo? La justicia, las fiscalías y autoridades nos están quedando a deber… hoy es July, ¿mañana quién?
Por: Lourdes Mendoza/El Financiero.
