- El especialista José Flores Sosa considera que la ciudadanía debe reapropiarse de su derecho a la privacidad y vetar todo intento de vigilancia, ya sea gubernamental o empresarial.
El mundo digital es tan real como el entorno tangible, lo que tiene implicaciones filosóficas, económicas, sociales y de seguridad. Cualquier persona usuaria del infinito universo de internet está sujeta a los mismos peligros del mundo físico. Uno de ellos tiene que ver con la exposición absoluta de aquello que debería ser íntimo.
El derecho a la privacidad va más allá de proteger aspectos de la vida personal. Se trata de una garantía colectiva cuya trasgresión puede tener graves afectaciones al individuo y a la sociedad. Periodistas, defensores de derechos humanos y personas que participan en protestas se encuentran particularmente vulnerables, pues la transgresión de la privacidad inhibe la libre expresión.
“Cada vez que una persona periodista o activista es silenciada por las amenazas que supone la difusión de su información personal o la vigilancia, la sociedad en su conjunto pierde las perspectivas que se podrían dar”. Así lo refirió el director de Comunicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), José Flores Sosa, para el alumnado de la Cátedra Ellacuría de la IBERO Puebla.
En un sentido abstracto, lo privado es la esfera de la realidad en la que las personas pueden expandir su personalidad e identidad. Este espacio tangible y digital puede ser rebasado por personas e instituciones con algún interés particular, ya sea mercantil, político o criminal. Es así que la privacidad constituye un asunto de interés colectivo que, para el especialista, requiere de una amplia pedagogía.
Aseguró que las personas no vulneran su privacidad al otorgar datos biométricos a empresas con fines prácticos, como ocurre con bancos y aplicaciones móviles que han sustituido las contraseñas por la huella dactilar. A su decir, “la noción del capitalismo de datos parte de ideas que hacen pensar que el mundo debería de ser así. Estamos perpetuando una visión del mundo extractivista”.
Y continuó José Flores: “La tecnología nos orilla a una comodidad en la que percibimos nuestro teléfono como una caja mágica, donde las empresas nos dicen que no tendríamos por qué saber cómo funcionan las cosas”. Develar esta caja negra es la vía para exigir el cumplimiento de los derechos, pues, insistió, la responsabilidad de no vulneración es de las empresas, no de los usuarios.
Vigilancia sistémica
Para Flores Sosa, los sistemas de vigilancia en manos del Estado están fuera de control. El malware Pegasus (de origen israelí) colocó estos sistemas en la conversación pública mexicana en 2017 una vez que se reveló su uso para espiar a alrededor de 15,000 periodistas y activistas. Con este tipo de programas es posible convertir cualquier teléfono celular en un dispositivo de rastreo y documentación.
Irónicamente, México cuenta con algunos de los mejores marcos jurídicos en la materia; el problema es su ejecución. El INAI tiene a su cargo dos encomiendas titánicas que no siempre se complementan: garantizar el acceso a la información y defender la protección de datos personales. Aunado a ello, la opacidad reinante en la mayoría de las instancias públicas dificulta el cumplimiento de este tipo de derechos.
El experto consideró fundamental contar con regulaciones estrictas para determinar quién puede vigilar a qué individuos y bajo qué circunstancias. Al mismo tiempo, urge contar con un abordaje transparente del tema. A nivel global, la sociedad civil ha resistido a diferentes mecanismos de vigilancia, particularmente cuando ocurre de manera focalizada.
José Flores Sosa indicó que existen razones para pensar que esta regulación es factible a nivel internacional. El espionaje a líderes políticos de Europa y el quiebre de los sistemas de seguridad de Meta (empresa dueña de Facebook y WhatsApp) serían detonantes para legislar en el tema. México, por su parte, permanece rezagado en discusiones relacionadas con ciberseguridad.
El uso de los sistemas de vigilancia también puede tener aplicaciones positivas. El gobierno de Sinaloa adquirió cámaras con reconocimiento facial para utilizarlas en la búsqueda de personas desaparecidas. Para el mismo fin se han organizado bases de datos forenses. El problema es que su uso puede desvirtuarse hacia fines represivos. “Son tecnologías que deben funcionar bajo criterios de control muy específicos”.
A nombre de la R3D, llamó a socializar todos los matices que existen en el manejo de datos, su uso para fines diversos y la línea de privacidad que le corresponde como derecho a todas las personas. “Tenemos que apropiarnos de la privacidad, del entendimiento de la protección de datos, y entender en qué medida ciertos datos que damos pueden afectar a alguien en su vida cotidiana”.
