El gobernador del estado, Miguel Barbosa, consiguió reformar el marco legal del Poder Judicial, tal como lo diseñó.
Con estas modificaciones, se conseguirá un Poder más igualitario, sin prebendas ni cuotas de cuates.
El poder Legislativo le corrigió la plana a un Judicial anquilosado, mañoso y lleno de malas prácticas.
Este jueves, por unanimidad de los 41 diputados del congreso, fue aprobada la iniciativa de reforma a la Constitución local, con la cual se transforma el Poder Judicial de esta entidad.
La iniciativa cuenta con dos grandes funciones: la jurisdiccional y la de gobierno.
En el primer caso, se incluye la actividad del Tribunal Superior de Justicia, la Sala Constitucional, el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados.
El Gobierno recaerá en el Consejo de la Judicatura, el cual, entre otras funciones, tendrá las de representación legal del Poder Judicial, rectoría de la carrera judicial, administración, vigilancia, evaluación del desempeño y disciplina, así como la coordinación del Instituto de Defensoría Pública y de la Escuela Estatal de Formación Judicial.
Por cierto, el magistrado Carlos Palafox encabezará el Consejo de la Judicatura.
La Sala Constitucional conocerá, entre otras, de las acciones de inconstitucionalidad; de las acciones que promuevan integrantes de los Ayuntamientos en contra de normatividad municipal; de las controversias que se susciten entre poderes, ayuntamientos, municipios y órganos autónomos; de la acción de tutela; de acciones por omisión legislativa.
Esta reforma al Poder Judicial establece que los Tribunales Superior de Justicia y de Justicia Administrativa, la Sala Constitucional y el Consejo de la Judicatura tendrán diferentes presidentes que no podrán ser reelectos más allá de su periodo de 4 años, lo que permite un balance, equilibrio y renovación institucional; que los Magistrados ya no serán vitalicios, sino que durarán en su cargo 15 años; obliga a los servidores públicos a presentar declaración pública de intereses respecto de vínculos con otros integrantes del Poder Judicial; a observar reglas de contacto para transparentar su actuación; a mantener una permanente actualización, entre otras.
La iniciativa de gobernador recibió el beneplácito de empresarios y académicos como los de la Escuela Libre de Derecho, presidida por Gerardo Tejeda Foncerrada y dirigida por Roberto Mendoza Zárate.
El Consejo de la Judicatura será el encargado de la implementación de esta trascendental reforma, así como el responsable de la coordinación institucional, operatividad y procesos, informando mensualmente al Congreso del Estado sobre los avances en el cumplimiento de su implementación.
La aprobación de esta iniciativa de reforma al Poder Judicial enmarcará la transformación en el sistema de justicia de Puebla, estableciendo así una nueva estructura que tendrá como fin generar condiciones de imparcialidad, honestidad y equidad para las y los poblanos.
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