• El presidente del Senado, Alejandro Armenta insistió en la colaboración de estados y municipios para que, el incremento en participaciones del 2023 se canalice a esas necesidades sociales.
Ciudad de México. Cumpliendo con lo que mandata la Constitución Mexicana, las autoridades, los poderes y las instituciones, estamos obligados a promover e impulsar el respeto y garantizar los derechos humanos como la seguridad, la salud y la educación, “cuyo resultado dependerá de la sensibilización de los 3 niveles de gobierno, no sólo el federal, para canalizar recursos a ese rubro” consideró el presidente del Senado, Alejandro Armenta.
El legislador poblano recordó que el incremento del 15 al 17 por ciento en las participaciones que tendrán los estados y municipios, gracias a las finanzas sanas que logró el presidente López Obrador, “deben ser recursos traducidos en la atención de las principales necesidades de las y los habitantes; eso se llama responsabilidad estatal y municipal”.
Por ello, el senador Armenta refirió que es fundamental remitirse al Art. Primero Constitucional donde está perfectamente detallada la facultad y las obligaciones de promover y garantizar esos derechos humanos, evitando que las autoridades estatales y municipales gasten el presupuesto en sueldos y bonos.
Adicional a este incremento en las participaciones, es importante señalar que los estados y municipios tienen la posibilidad de la recaudación local, con lo cual las transferencias federales se fortalecen reactivando la economía y atendiendo los rubros fundamentales como salud, seguridad y educación.
