- La nueva reglamentación contempla cualquier tipo de producto con nicotina que genere emisiones. Todos los cigarros electrónicos estarán regulados.
Fumar en México será más difícil que nunca. Las disposiciones del nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco entraron en vigor a mediados de diciembre. Sin embargo, su presencia mediática en los últimos días ha obligado al país entero a replantear su relación con el humo nicotínico.
Las reformas hacen ajustes significativos con respecto a la legislación anterior. Por ejemplo, en la definición de ‘fumar’ se incluye el concepto de ‘calentamiento’ como una forma de incorporar los dispositivos electrónicos equivalentes al cigarro. Para la Mtra. Perla Xóchitl Gómez Pulido, abogada general de la IBERO Puebla, se trata de un mecanismo que busca proteger a las personas de la exposición a emisiones de nicotina.
De igual manera, se expande la obligatoriedad de garantizar la eliminación del humo de cigarro en los “espacios de concurrencia colectiva”, entre los que se incluye de manera explícita a las instituciones educativas de todos los niveles. En cuanto a la publicidad, los productos con nicotina no pueden estar visibles en los puntos de venta ni tener ningún tipo de comunicación alusiva.
Gómez Pulido considera que una de las mayores fortalezas del nuevo reglamento es la inclusión de los cigarrillos electrónicos (o vapeadores) dentro de la norma. “Es oportuno hacer reflexión sobre los ingredientes que forman parte de los vapeadores. Las nuevas generaciones, las personas más jóvenes, son quienes más consumen estos productos pensando que no dañan la salud”.
Si bien la Organización Mundial de la Salud reconoce que todavía no se tiene información concluyente sobre los efectos particulares del cigarrillo electrónico, advierte que todo producto con nicotina puede derivar en afectaciones a los sistema respiratorio y cardiovascular. Además, las variaciones que aseguran no contener nicotina son minoritarias o fraudulentas.
Otro de los puntos clave de la reforma es el ajuste en los espacios para fumadores. La nueva normativa contempla que estas zonas deberán ubicarse en espacios al aire libre, incomunicadas de las áreas comunes y a diez metros de distancia de accesos o puntos de reunión. “Vamos a tener pequeñas cabinas en los centros comerciales”, vaticina la abogada general de la IBERO Puebla.
Perla Gómez percibe una colisión de garantías individuales con la entrada en vigor del reglamento antitabaco: mientras que se protege el derecho a la salud, el derecho al libre desarrollo de la personalidad podría verse vulnerado. “A la autoridad le corresponde realizar un análisis más estricto para salvaguardar el ejercicio de ambos”.
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“El desconocimiento [de los vapeadores] se traduce en que las personas más jóvenes podrían estar consumiendo químicos potencialmente más dañinos o incluso letales a la salud pulmonar”: Mtra. Perla Gómez
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Y desarrolla: “Pudiera ser que la norma, al ser de naturaleza prohibitiva e incluso punitiva, no cumpliera con la finalidad de protección que busca, ya que no viene acompañada de medidas preventivas”. Las normas punitivas, asegura, están condenadas al fracaso.
En consecuencia, y como ha ocurrido con prohibiciones como el consumo de cannabis, las restricciones podrían llevar a una serie de amparos bajo el argumento de que las personas adultas deben decidir libremente sobre su consumo de sustancias. En el peor de los casos, se abriría el camino a un nuevo mercado negro.
De ahí el valor de las acciones para incorporar la normativa en la cultura mexicana. “Estas medidas por sí mismas no garantizan el objeto para el cual fueron diseñadas. Corresponde a las autoridades acompañar con medidas preventivas y de difusión de información objetiva con relación a las afectaciones a la salud”, concluye la especialista.
Dada la naturaleza de la ley, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) será la instancia encargada de imponer sanciones administrativas por incumplimiento, mismas que van desde apercibimiento hasta multas. En el caso de establecimientos comerciales, las incidencias podrían suponer la clausura del local y hasta el arresto de sus propietarios.
