El Plan B de reforma electoral que envío el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al poder Legislativo dejará sin empleo a casi 80% de la planta laboral del INE en Puebla, con lo que de 85 empleados pasarán a 19.
Esto, como es de suponerse, propiciará el colapso de la operatividad del Instituto Nacional Electoral (INE) que hoy goza de credibilidad y que de hecho, validó el triunfo de AMLO en el 2018.
Este jueves conversé con la maestra Verónica Sandoval Castañeda, encargada de despacho de la vocalía Ejecutiva del INE en Puebla, en el noticiero Tribuna 98.7 FM, quien me explicó las serias implicaciones de la reforma que ha polarizado al país.
Me compartió que a nivel local y distrital, el Plan B de la reforma electoral afectará seriamente la operatividad y los servicios que se prestan a los ciudadanos.
En la Junta Local Ejecutiva de Puebla, de cinco vocalías – que son las encargadas de realizar el trabajo sustantivo para la preparación, organización y celebración de elecciones – sólo quedarían tres. A nivel distrital, la reforma electoral plantea que sólo quede una oficina auxiliar con una persona. Así como lo leyó.
A su vez, la reforma afecta directamente la actualización del Padrón Electoral y la cartografía electoral. La integridad de ambos instrumentos se vería comprometida en su calidad y alcance y los trámites asociados a ellos, particularmente a nivel distrital, ya que afecta el vínculo de la ciudadanía con el Estado mexicano, representado en este caso por el INE.
También, a nivel distrital se lesionan las tareas de actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores –hoy conformado por 4 millones 757 mil ciudadanos-, la depuración del mismo, así como la supervisión y seguimiento de las actividades que realizan los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) –que es donde la ciudadanía tramita su credencial para votar.
La reforma plantea que los MAC deberán instalarse preferentemente en oficinas gubernamentales, escuelas o centros de salud, donde no hay garantía de que exista la infraestructura informática, de transmisión y resguardo de datos que permitan proteger datos personales sensibles como son las fotografías y las huellas dactilares de cada ciudadano.
La defensa del INE no es una lucha partidista. Es una causa ciudadana, pues al quebrar al organismo, podría verse en la necesidad de cobrar, por ejemplo, la emisión de la credencial de elector, la cual hoy es gratuita. Imagínese que costara lo mismo que una licencia: unos 910 pesos, que multiplicados por los 4.7 millones de electores de Puebla, sumarían 4 mil 328 millones, ochocientos 70 mil pesos, cantidad nada despreciable para seguir metiéndole al Tren Maya o alguna nueva refinería.
Afortunadamente, las reformas han sido impugnadas por un sinnúmero de instituciones, entre ellas el INE, y se confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las invalide.
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