Un juez federal suspendió de forma inmediata la deportación, expulsión o entrega inmediata al gobierno de Estados Unidos del capo sinaloense Rafael Caro Quintero, por lo que las autoridades mexicanas deberán agotar todos los procesos y cumplir con todos los requisitos que se requieren para cumplir con el proceso de extradición que existe en su contra.
La suspensión otorgada al fundador del Cártel de Guadalajara está prevista en el artículo 22 constitucional y se mantendrá vigente en lo que se resuelve el fondo del juicio de amparo, de acuerdo con el expediente 507/2022 radicado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en Puente Grande, Jalisco.
“Se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que de no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta que se resuelva el presente juicio de amparo”, señala la resolución.
La demanda de amparo fue promovida por Beatriz Angélica Caro Quintero, hermana del narcotraficante, y ratificada por el propio capo nacido en Badiraguato, Sinaloa, una vez que le fue notificada por las autoridades judiciales adscritas al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) “Altiplano”, ubicado en Almoloya, Estado de México, en el cual fue internado desde el pasado viernes 15 de julio.
“Cuando el acto reclamado sea la orden de deportación, expulsión o extradición, la suspensión tiene por efecto que no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal. Comuníquese a las autoridades responsables la medida aquí decretada y se les requiere para que a más tardar en el plazo de 24 horas, informen a este Juzgado de Distrito el cumplimiento que hayan dado o estén dando a la suspensión decretada”, agrega la resolución federal.
La extradición de Rafael Caro Quintero sin cumplir todo lo previsto en la norma, señala el juez responsable del caso, implicaría que la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comandancia General de la Guardia Nacional, podrían incurrir en un desacato judicial y en el delito de abuso de autoridad.
Por último, se ordena a la FGR y a las autoridades penitenciarias que permitan la libre comunicación del detenido con sus abogados defensores y con su hermana Beatriz Angélica.
“Asimismo, se les conmina a las autoridades responsables que tengan a disposición al directo quejoso para que permitan la comunicación de éste con la parte promovente o en su caso con sus abogados defensores a efecto de que no se obstaculice su defensa, pues es derecho fundamental de los gobernados que se encuentren asistidos jurídicamente por su defensor desde el momento de su detención, así sea en calidad de aprehendidos o detenidos”, advierte el resolutivo del juzgador federal.
Un día después de la captura de Rafael Caro Quintero comenzaron a presentarse amparos, sin embargo las autoridades están pendientes del proceso, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario señaló que su gobierno vigilará que no haya corrupción en el caso, y recordó que el narcotraficante estaba sentenciado a 40 años de prisión cuando fue liberado en agosto del 2013 gracias a un amparo, fallo judicial que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtió en 2014.
“Desde el sábado se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces, tanto la Fiscalía como la Secretaría de Marina, pero sí se está pidiendo la protección del señor Caro Quintero mediante recursos de amparo. Se está viendo el proceso, se va a actuar como siempre, de manera legal, lo que se decida en el procedimiento, pero vamos a cuidar que no haya corrupción y cualquier acto contrario a la ley, porque este asunto tuvo que ver con el hecho de que todavía no tenía cumplida su sentencia y obtuvo un amparo”, explicó.
