El gobernador Alejandro Armenta dejó claro que su administración no intervendrá ni brindará apoyo a expresidentes municipales ni a ediles en funciones que enfrenten observaciones o procesos ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) por presuntas irregularidades en sus cuentas públicas.
El mandatario señaló que cada servidor público es responsable de justificar el ejercicio de los recursos durante su administración y que el Gobierno del Estado no actuará como intermediario ni ofrecerá respaldo político para solventar faltas administrativas o financieras. Subrayó que la rendición de cuentas es una obligación legal y que todos los funcionarios, sin excepción, deben atender los procedimientos de fiscalización conforme a la normatividad vigente.
Armenta insistió en que no existe persecución política, pues la revisión de cuentas es un proceso técnico y autónomo que corresponde a la ASE; sin embargo, fue enfático en que tampoco habrá impunidad para quienes hayan incurrido en desviaciones, malos manejos o uso indebido de recursos.
Finalmente, el gobernador reiteró que su gobierno mantendrá una postura de respeto a las instituciones y de combate a la corrupción, al afirmar que la transparencia en el ejercicio público es indispensable para recuperar la confianza ciudadana y garantizar un uso adecuado del presupuesto.
