Puebla, Pue. — El exsecretario de Medio Ambiente en la administración marinista, Francisco Castillo Montemayor, denunció que la justicia ha retrasado de manera intencionada el proceso judicial contra los exfuncionarios presuntamente involucrados en su detención en 2016.
Durante una rueda de prensa este domingo, acompañado de sus abogados Samuel Porras Rugerio y Tonatiuh Sarabia Amador, Castillo Montemayor señaló que, aunque la jueza de control Laura Tlatelpa Ramos recibió desde el 26 de enero la solicitud para judicializar su denuncia, aún no ha actuado.
«Parece que hay un acuerdo de impunidad entre autoridades para no procesar a los responsables”, afirmó.
Antecedentes del caso
Castillo recordó que fue acusado de peculado por 39.2 millones de pesos, delito que calificó como “prefabricado” y atribuyó a sus críticas hacia las intervenciones en Flor del Bosque y el Parque Ecológico, durante la gestión de Rafael Moreno Valle Rosas.
El exfuncionario fue detenido el 15 de noviembre de 2016, permaneciendo 14 meses en el penal de San Miguel, antes de que un amparo le permitiera continuar su proceso bajo arraigo domiciliario hasta enero de 2018.
En marzo de 2020, presentó la denuncia formal contra varios exservidores públicos, incluyendo a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (Sdrsot), exfiscales y exfuncionarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), así como a la jueza que giró la orden de aprehensión en su contra.
Retraso en el proceso
De acuerdo con su abogado, según la ley y el Código Penal, la jueza debía citar a audiencia dentro de los 15 días siguientes a recibir la denuncia, es decir, a más tardar el 16 de febrero de este año. Hasta la fecha, no se ha notificado ninguna acción al respecto.
Castillo y su defensa advirtieron que este retraso podría buscar que prescriba el delito, cuyo plazo de 10 años vencería en noviembre de 2026. “Parece que las autoridades judiciales apuestan a que esto ocurra”, señalaron.
Llamado a la justicia
El exsecretario enfatizó que su intención no es vengarse de quienes participaron en su detención, sino demostrar que hubo abuso de autoridad, tráfico de influencias y otros delitos contra la administración de justicia.
Por ello, hizo un llamado al gobierno del estado, al Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado para que se garantice justicia y se evite un “pacto de impunidad”, subrayando que estas dilaciones afectan la credibilidad del sistema cuando los involucrados son autoridades.
