Puebla, Pue.- La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla emitió la Recomendación 05/2026 dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE) tras acreditar que agentes ministeriales cometieron tortura física y sexual contra una mujer durante su detención en 2020, en el municipio de Xiutetelco.
La instancia estatal exigió la reparación integral del daño y la investigación de los responsables.
Detalles de los hechos
Según el expediente 2726/2022, el 30 de junio de 2020, alrededor de diez elementos de la FGE llegaron a la vivienda de la víctima vestidos de civil, con chalecos antibalas y armas. Al abrir la puerta, tanto ella como su esposo fueron golpeados y detenidos de manera ilegal, acusados de supuestos delitos de secuestro y delincuencia organizada.
Durante el arresto, la mujer fue trasladada en una camioneta, donde sufrió agresiones físicas en rostro y abdomen. Posteriormente, fue llevada a un monte, continuando los golpes, hasta ser trasladada al municipio de Teziutlán, donde uno de los agentes intentó agredirla sexualmente.
La víctima permaneció aproximadamente siete horas antes de ser ingresada a la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, donde se le hizo firmar documentos que falseaban las circunstancias de su detención.
Más tarde fue recluida en el penal de Teziutlán y luego trasladada al Cereso federal de Morelos, denunciando malos tratos durante el traslado.
En 2022, la afectada presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que remitió el caso a la CDH de Puebla por ser competencia estatal.
Conclusiones de la CDH
Tras aplicar el Protocolo de Estambul, la CDH confirmó que la víctima presentó síntomas de estrés postraumático, acreditando que sufrió tortura física y sexual. Se determinó que los agentes involucrados vulneraron su derecho a la integridad y seguridad personal.
Recomendaciones
La CDH solicitó a la FGE:
-Brindar reparación integral, incluyendo atención psicológica especializada para restablecer la salud y la integridad de la víctima.
-Otorgar una compensación económica proporcional al daño sufrido.
-Investigar y, en su caso, sancionar a los servidores públicos responsables mediante procedimientos administrativos o penales.
-Emitir una circular interna instruyendo a los elementos de la FGE a actuar conforme a la ley.
-Impartir capacitación obligatoria en derechos humanos, uso de la fuerza y perspectiva de género, con el fin de prevenir futuros abusos.
La CDH enfatizó que estas medidas buscan garantizar que hechos como los denunciados no se repitan y que se protejan los derechos humanos de todas las personas detenidas por las autoridades del estado.
