Por: Tonatiuh Muñoz Aguilar
La muerte de dos internos en centros de rehabilitación de la ciudad de Puebla en menos de 15 días no puede ser una casualidad: algo pasa desde hace mucho tiempo en los anexos y ya va siendo hora de que la autoridad ponga atención en el tema.
Desde siempre estos sitios se han colocado en el ojo de la controversia, amén de las especulaciones y dichos fantasiosos por parte de quiénes no los conocen y tampoco se enfrentan en el día a día contra el gran reto que representan el alcoholismo y la drogadicción.
Sin embargo también es verdad que las prácticas denigrantes, indignas, crueles e inhumanas, han acompañado a los anexos desde que comenzaron a hacerse populares -a partir de los años ochenta del siglo pasado- y hoy vuelven a salir a la luz con la exposición pública del máximo castigo que puede recibir un interno: el de perder la vida.
Las necropsias aplicadas a Alan Jafer y Fernando, quienes ingresaron a los anexos «La Piedad» y «Puerta a la vida» con la esperanza de rehabilitarse (tal vez su familia estaba más ilusionada de esto que los propios internos), revela que ambos fallecieron a causa de los golpes que recibieron durante su proceso de «recuperación».
¿Qué sucedió al interior de esas casas? ¿Qué hicieron estos enfermos de alcoholismo y drogadicción para recibir castigos físicos tan severos que provocaron la muerte de un joven de 21 años y un hombre de 42? ¿El consumo de sustancias adictivas influyó definitivamente para que los hoy occisos tuvieran menos resistencia al tratamiento o fue por el síndrome de abstinencia que se tornaron violentos?
En los próximos días, estas preguntas deberán ser respondidas por la autoridad poblana. Las historias que se tejen alrededor de los anexos y que incluyen todo tipo de violaciones a los derechos humanos, desde la privación del alimento, la tortura, incluso el abuso sexual, ameritan que como sociedad comprendamos que el fenómeno repercute más allá de una simple historia policiaca.
Cuando unos padres pierden la esperanza de que la recuperación de sus hijos podrá ser alcanzada al interior de un anexo, se crea una especie de reacción en cadena que sólo contribuye al empeoramiento de lo que ya de por sí es un problema complejo, pues la drogadicción y el alcoholismo traen siempre consigo otras afectaciones como son el desempleo, la inseguridad, delincuencia, desintegración familiar y tarde o temprano la muerte.
Cifras de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) revelan que entre el 1 y 2 % de quienes ingresan a un centro de rehabilitación logran recuperarse. Así es: ¡entre 1 y 2 %! Este dato resulta escandaloso y debería prender las alarmas no sólo de la autoridad sino de los «padrinos» y de la sociedad en general. Servidores en los anexos tendrían que hacer un ejercicio de autoevaluación y plantear qué se está haciendo mal, que hoy las noticias hablan de jóvenes muertos y no de ciudadanos rehabilitados.
Por supuesto que no en todos los casos existen maltratos y golpes contra los enfermos. Un ejemplo de trato digno y atención basada en los derechos humanos es el anexo «Viviendo y dando vida», que se ubica en la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan.
Doy testimonio fehaciente de que su programa de trabajo nunca atenta contra la dignidad personal y de que el amor con el que se cuida a los internos provoca verdaderos cambios.
Lamentablemente creo que centros como éste son la excepción a la regla.
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