El cambio de una procuraduría a una fiscalía de justicia en México no ha podido sortear los problemas históricos de impunidad sistemática y falta empoderamiento de las víctimas.
La administración de Andrés Manuel López Obrador aterrizó en 2018 en un panorama desolador en cuestiones de seguridad, con cuerpos policiales debilitados y organismos de justicia inoperantes; del otro lado, la sociedad civil resistía a las reformas que tendían a la militarización del país.
Múltiples organizaciones civiles señalaron la necesidad de modificar el sistema de justicia, concretamente de la Procuraduría General de la República (PGR). Los activistas clamaron por una fiscalía estratégica capaz de investigar todo aquello que trasciende las competencias de los estados, como son los aparatos de macrocriminalidad y las graves violaciones a los derechos humanos.
Con la promulgación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la consolidación de la Guardia Nacional y los ajustes en prisión preventiva se presentaron contradicciones que despertaron reflexiones negativas en la activista Ana Lorena Delgadillo: “nos quedamos con una PGR a la antigua, que no ve los grandes problemas del país, sino que actúa por mandato político”, lamentó durante un panel especializado de la IBERO Puebla.
En paralelo al análisis de las necesidades de la nueva fiscalía, la esfera pública sondeó nuevos mecanismos proveedores de justicia en la forma de instituciones extraordinarias. El principal obstáculo radica en que “López Obrador no piensa que el Estado de derecho es una herramienta, sino que el control político de la justicia es parte central de su pensamiento”.
Como reflexionó Jacobo Dayán, profesor de la IBERO Ciudad de México-Tijuana, las fiscalías atienden una fracción mínima de la inmensa cantidad de denuncias que reciben diariamente. El colapso del sistema de justicia ha provocado que los casos resueltos supongan sanciones a nivel elemental, lo que perpetúa las redes criminales y prioriza los delitos patrimoniales por encima de la criminalidad como fenómeno social.
Consideró que, bajo el modelo actual, no es posible acercar la justicia a todas las personas. Por ello, las acciones hacia mejores instituciones restaurativas, inspiradas por una voluntad genuina de las autoridades, deben direccionarse a la construcción de narrativas de cero tolerancia al delito.
Justicia, ¿para quién?
En los casos de masacres de migrantes se aprecia la existencia de una maquinaria de impunidad e indolencia al interior de la FGR. Lorena Delgadillo denunció las múltiples muestras de no intervención cuando existen entes públicos involucrados en ilícitos.
Es por ello que, contrario a lo que ocurre en los ministerios, casos como el de Ayotzinapa cuentan con el seguimiento de todo un equipo multidisciplinario que acompaña las investigaciones. Por otro lado, las instituciones públicas están estructuradas para inhibir la participación de las víctimas a través de la burocracia y el desgaste estratégico.
La constitución de una nueva fiscalía tendría que contemplar una depuración de personal con antecedentes de prácticas ilícitas y revictimizantes, así como la creación de mecanismos especializados para investigar situaciones complejas. “Las administraciones pasadas construyeron redes de impunidad en las fiscalías, pero las actuales las están manteniendo”, advirtió la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
La iniciativa planteada por los colectivos en 2018 pretendía que la ciudadanía pudiera expresar a la fiscalía las principales violencias que le preocupan para la construcción un plan integral de persecución. En cambio, la actual ley orgánica suprime estas formas de participación, por lo que queda a criterio del fiscal los delitos a perseguir.
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En casos como los de Nuevo Laredo la fiscalía ha actuado como protector de las Fuerzas Armadas, no de las víctimas. Algo similar ocurrió durante los asesinatos de candidatos en el periodo electoral recién concluido.
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Los mecanismos extraordinarios de países como Colombia y Guatemala han operado bajo la investigación integral del origen político de las violencias. La adaptación de estos principios al sistema mexicano, explicó Jacobo Dayán, permitiría erradicar losprotocolos de búsqueda que solo administran la violencia, mas no la solucionan.
Entre los asuntos pendientes, Delgadillo subrayó el valor de documentar todo lo relacionado con el seguimiento de casos, sus causas y eventual choque con el muro de la impunidad, pues esto permite ampliar el abanico de oportunidades para obtener justicia. Como activista, destacó la importancia de acompañar casos concretos para poner rostro al dolor e involucrar jurídicamente a las víctimas. “Hay que dejar de ver a las familias de manera paternalista y aprender a sumarnos sin intromisión”.
Por su parte, Dayán concluyó que las academias y las organizaciones civiles también han tenido omisiones importantes en el acompañamiento a las víctimas a través de la generación de propuestas y análisis críticos. Ambos expertos llamaron a renunciar a las soluciones inmediatas que distancian las luchas sociales de los problemas estructurales.
