Tras conocer la exposición de hechos del Ministerio Público sobre lo que sucedió la madrugada del lunes pasado, en instalaciones del sindicato del ayuntamiento de Puebla, cuando presuntamente también robaron dinero, el juez de control ordenó el traslados de los 20 detenidos al penal de San Miguel, con sede en la capital poblana.
Previo, por segundo día consecutivo, algunos de sus compañeros se manifestaron nuevamente afuera del palacio municipal, para exigir que los videos de la detención de los 20 acusados de los delitos de robo agravado, daño en propiedad ajena y pandillerismo, sean exhibidos para demostrar que presuntamente hubo irregularidades cuando fueron privados de la libertad.
Los detenidos y acusados son: Maricela N., Eulalia N., Maribel N., Francisco N., Fabián N., Miguel N., Tomás N., Norberto N., Mónica N., Lorenzo Crescenciano N., José Luis N., Benito N., José Ibrahim N., Ismael Santiago N., Elpidio N., Juan Gabriel N., José Domingo N, Ángel Florencio N., y Antonio N.
La defensa de los detenidos pidió la ampliación del terminó a 144 horas para presentar pruebas a su favor para evitar que en la próxima audiencia sean vinculados a proceso.
Por su parte, el ayuntamiento de Puebla que preside Eduardo Rivera Pérez, emitió el siguiente comunicado, para manifestar su respeto a la vida sindical: “El H. Ayuntamiento de Puebla reitera su compromiso de actuar apegado a derecho en todo momento y destaca su irrestricto respeto a la vida sindical de los trabajadores municipales.
“En este sentido, se instaló una mesa de diálogo para escuchar las inquietudes de un grupo de trabajadores que se presentó esta mañana en el Ayuntamiento, el cual permanecerá abierta con la finalidad de coadyuvar en la solución de conflictos internos.
“Respecto a los hechos registrados la madrugada del pasado 18 de octubre en el Sindicato de Trabajadores del municipio de Puebla, es importante señalar que la actuación de los elementos políticos fue efectiva, con estricto apego a la legalidad y respeto a los Derechos Humanos; y que serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar la situación jurídica de los implicados.
“El Gobierno Municipal se mantiene respetuoso de la vida sindical y hace un llamado a dirimir sus diferencias bajo la vía del diálogo, cuidando siempre a las instituciones encargadas de procurar el orden y la paz pública, y anteponiendo siempre la atención de las responsabilidades laborales para atender a la ciudadanía”.
