La Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del Estado de Puebla, mejor conocida como Ley Bala fue abrogada por unanimidad por el Congreso del Estado durante la primera sesión de la LX legislatura.
La iniciativa fue presentada por la representante popular de Pacto Social de Integración (PES), Mónica Lara Chávez, quien además pidió a sus compañeros votar en ese momento y dispensar los trámites correspondientes, lo cual generó discusión.
Fue el 19 de mayo de 2014 cuando se avaló esta norma jurídica a petición del entonces gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle Rosas. Los únicos que se opusieron fueron Julián Peña Hidalgo, Ignacio Alvízar Linares de Movimiento Ciudadano; Mariano Hernández Reyes y Lizeth Sánchez García del Partido del Trabajo y Geraldine González Cervantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Lara Chávez recordó que una de las implicaciones más grandes de la ley fue la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, menor de 13 años quien fue herido por una bala de goma lanzada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado mientras se encontraba en una protesta.
Pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan se manifestaron en la carretera Puebla-Atlixco el pasado 9 de julio de 2014 con el objetivo de demostrar que no estaban de acuerdo con que el Poder Legislativo quitara facultades a las juntas auxiliares, esta iniciativa también fue enviada por Moreno Valle Rosas.
La protesta derivó en un enfrentamiento entre ciudadanos y elementos de seguridad, hubo varios heridos, entre ellos el menor fallecido. Posteriormente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por violación grave.
La CNDH desmintió la versión de la investigación dada a conocer por la entonces Procuraduría General del Estado, ahora Fiscalía General del Estado (FGE), la cual indicaba que había sido la onda expansiva de un cohetón utilizado por los inconformes, la causante de la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie.
La LX Legislatura estuvo de acuerdo con eliminar está ley; sin embargo, Rocío García Olmedo, Javier Casique Zárate del PRI; Marcelo García Almaguer, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Gabriel Oswaldo Jiménez López y Hugo Alejo Domínguez del PAN; Gerardo Islas Maldonado e Iván Jonathan Collantes Cabañas, se manifestaron contra el proceso, pues no se avisó a las diferentes fracciones sobre la exposición de este tema de manera previa para analizarlo.
La priista García Olmedo recalcó que no estaba en contra de abrogar la ley; sin embargo, es necesario se analice el tema para evitar albazos.
En entrevista por separado, Biestro Medinilla defendió el trámite al indicar que fue una promesa de campaña y se necesitaba dar respuesta a la sociedad. “Se trata de una cuestión de derechos humanos, yo entiendo el procedimiento legislativo, lo que hicimos no está prohibido, pero también la gente quiere respuesta, si todos estábamos a favor, para que buscarle tres pies al gato”.
Resaltó que en un periodo de 60 días prevén presentar una iniciativa que sustituya a la actual, pero ésta se caracterizará por tener la valoración de expertos en el tema, así como el sentir de la población.
Durante el desarrollo de la sesión, el diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), Gerardo Islas Maldonado, resaltó que el exmandatario Rafael Moreno Valle también pidió en su momento echarla para atrás.
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