El terremoto del 7 de septiembre de 2017 ha sido en términos habitacionales, en extensión y número de construcciones afectadas, el más destructivo de los últimos 100 años en México.
Fue un sismo inusualmente largo, pues en los 3 minutos que duró, ocurrió un movimiento suficientemente potente para cimbrar parte del sureste y el centro del país, y para generar una alerta de tsunami en toda la costa del Pacífico, de México hasta Ecuador.
Con 8.2 grados, fue equivalente a la explosión de dos bombas atómicas a 58 kilómetros de profundidad.
Decenas de miles viviendas de autoconstrucción, de ladrillo y adobe sin cimientos ni varillas correctamente colocadas, cayeron. Más de 100 mil familias quedaron afectadas, mitad en la calle y sin patrimonio.
Provocó en Oaxaca daños totales en 26 mil 811 viviendas y daños parciales en 36 mil 411, afectando a municipios como Juchitán, Asunción Ixtaltepec, Ixtepec, Unión Hidalgo, Tehuantepec, Reforma de Pineda, e Ixhuatan.
En Chiapas se registraron daños totales en 14 mil 9 construcciones y daños parciales en 32 mil 537; donde resultaron más afectados los municipios de Cintalapa, Jiquipilas, Arriaga, Tonalá y Villaflores.
En un año, el gobierno federal ha entregado recursos por 5, 217 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas mediante tarjetas individualizadas de Bansefi.
La magnitud del daño ha sido tal que sólo en remoción de escombros durante los primeros 30 días se invirtieron 330 millones de pesos. En el retiro de los primeros 770 mil metros cúbicos de piedras, varillas, lodo. La vida completa de toda esta región.
En 2017, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con 16 ciudades, publicó el perfil de resiliencia urbana que contempla la capacidad para recuperar la vida en una ciudad en el menor tiempo posible derivado de un fenómeno natural o social.
La experiencia de lo que ocurrió hace un año deja una herida, pero una lección de lucha por la reconstrucción y la supervivencia.
