Luego de que el lunes el gobierno del estado inició procesos para retirar patentes notariales a 29 personas ligadas al fallecido, ex gobernador Rafael Moreno Valle, este martes el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Ricardo Velázquez Cruz, reveló que se descubrió que tales notarías se entregaron en medio de presuntos delitos como uso indebido de documentos, falsedad en declaraciones y asociación delictuosa.
Agregó que se analizará la actuación de aquellos notarios en activo que firmaron las horas de servicio y los exámenes que, al parecer nunca existieron, y sirvieron como elementos para la designación de las patentes en vilo.
El funcionario no quiso abundar en detalles dado la secrecía que debe haber en los procedimientos; sin embargo, dejó entrever que muy probablemente van a revocar las patentes de las 29 notarias que se entregaron al final el sexenio de Rafael Moreno Valle.
Velázquez aclaró que hasta ahora solamente se han iniciado procedimientos contra cuatro fedatarios a quienes ya se les retiraron los sellos y las autorizaciones para que ejerzan la función pública.
Aseveró que la decisión de revocar las patentes de las notarías no se trata de una persecución política sino de que en su entrega se detectaron irregularidades sumamente graves:
“No queremos más impunidad en el estado, si dicen que hay persecución política yo digo que hay un gran desaseo jurídico, fue lo que encontramos en este gobierno”, expresó Velázquez Cruz.
En conferencia de medios, el consejero jurídico explicó que la fe pública es una función originaria del gobierno que la delega en personas. “Esta función debe de darse con la mayor legalidad, la mayor certeza, claridad y transparencia”.
Aseguró que el gobierno actual detectó que algunas de estas patentes que se dieron durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali, adolecen de elementos de cumplimiento o fueron hechas al tenor de actos inexistentes y en consecuencia son ilegales.
Velázquez Cruz detalló que, para crear nuevas notarías, el gobierno debe emitir una convocatoria, la cual nunca existió, por lo que quienes participaron en este procedimiento, lo hicieron sin que existiera un llamado.
“Los procedimientos mediante los cuales se entregaron las notarías, desafortunadamente, no fueron hechos con la claridad ni la legalidad que se requiere y debemos corregir este error”, destacó el consejero jurídico.
Precisó que, como parte de este proceso de revocación de notarías, la Consejería Jurídica notificó a sus titulares del inicio de procedimiento, se aseguraron folios y sellos, además de que no se descartan acciones de tipo penal por posibles delitos que se hayan cometido.
Dejó en claro que, con esta acción, el gobierno del estado no afectará a los particulares y para ello se ejecutan actas administrativas a fin de verificar los asuntos pendientes.
