Totalmente ventajoso y abusivo fue el contrato que firmó el gobierno del estado con la firma alemana Audi, en el que entre otros conceptos se le permite contaminar el ambiente sin sanciones económicas, cuestionó la diputada Nora Merino Escamilla, presidente de la Comisión del Medio Ambiente en el Congreso local.
En entrevista, la legisladora de Encuentro Social se pronunció por sancionar a los funcionarios que fueron responsables de estas anomalías como Pablo Rodríguez Regordosa, en su momento titular de la extinta Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade).
“De manera general los términos del contrato con Audi son totalmente ventajosos para la empresa y totalmente en desventaja de Puebla. Quienes lo promovieron le dieron la riqueza del estado para que la firma la explote y ni siquiera cumpliera con el mínimo de dar empleo a mano de obra poblana”, cuestionó.
En materia de medio ambiente lamentó que con tal de que se instalara en Puebla la administración de Rafael Moreno Valle Rosas permita contaminación.
“Vamos a revisar con la secretaria del Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, qué se puede hacer contra estas empresas abusivas y que además que cuanto contaminan nosotros paguemos por ello”, expuso.
Cuestionó que por cada 10 empleados contratados solo tres sean de origen poblano pese a que el acuerdo con la empresa era diferente.
“Al Ejecutivo del estado le corresponde determinar qué está haciendo Audi por Puebla y qué estamos haciendo por ellos. Si bien es un logro traer una inversión también debe de ir de la mano de dotar de bienestar al ambiente que la rodea”.
Propone castigo a responsables
Manifestó que se debe investigar a los funcionarios que estuvieron involucrados en el contrato con la empresa como Pablo Rodríguez, quién después de ser titular de la Secotrade se convirtió en diputado local y hoy es el dirigente saliente del Comité Municipal del PAN.
“Tendrá que haber sanciones contra quienes incurrieron en corrupción y omisión. No se tiene que tratar de manera diferente si fue funcionario y hoy es líder partidista”, expuso.
La Jornada de Oriente publicó este lunes que los que han tenido recientemente acceso al Contrato de Desarrollo que se firmó entre el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas y la firma Audi, entre los años 2012 y 2013, se han quedado sorprendidos de los compromisos que asumió el Poder Ejecutivo y que siguen vigentes, los cuales se dirigen a garantizarle a la armadora el pago mínimo de impuestos y de consumo de agua, así como la erogación de unos 6 millones de dólares –unos 120 millones de pesos– para financiar campañas de mercadeo.
Según la especie la administración estatal le otorgó el derecho a la compañía teutona de poder contaminar y si enfrenta sanciones por ese motivo, las multas o sanciones se cubren con fondos del erario poblano.
Y por si fuera poco, en el momento en que se firmó ese contrato, el entonces secretario de Gobierno, el ahora finado Luis Maldonado Venegas, elaboró un acuerdo que se llama “blindaje de uso de suelo”, que en la práctica le otorga a la armadora Audi el derecho de que en toda la región en donde se asentó a la armadora decida que actividades económicas y que construcciones se pueden realizar.
Para firmar el convenio también consistió en alterar programas de desarrollo urbano y ordenamientos ecológicos para que en Ciudad Modelo y varios kilómetros alrededor de la planta de ensamble de vehículos, se prohibieran instalaciones no deseadas por los empresarios de Audi.
Entre los responsables de consolidar la construcción de la planta de Audi y de Ciudad Modelo, de acuerdo a documentos oficiales, que implicó la firma de un Contrato de Desarrollo, fueron Pablo Rodríguez Regordosa, quien era el secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico; Luis Maldonado Venegas, junto con José Montiel Rodríguez y Laura Elisa Morales Villagrán, quienes eran funcionarios de la Secretaría de Gobierno; Roberto Moya Clemente y Michel Chain Carrillo, quienes representaban a la Secretaría de Finanzas; José Cabalán Macari Alvaro y Eugenio Mora Salgado, quienes eran los titulares de Infraestructura y la Contraloría estatal, respectivamente.
