El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, acudió al Pleno de la Cámara de Diputados para explicar la solicitud de presupuesto que ha planteado el Instituto para el ejercicio fiscal de 2022.
En tribuna, explicó que “el monto global solicitado para el próximo año asciende a 24 mil 649 millones, 593 mil 972 pesos”, el cual se compone de tres grandes rubros.
Primero, 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos corresponden al financiamiento público de los partidos políticos que se distribuirá, conforme las reglas constitucionales, entre los siete con registro.
“Ese monto, como saben, no lo decide el INE, sino que se calcula anualmente con base en la fórmula establecida en el artículo 41 de la Constitución, que mandata multiplicar el número de personas inscritas en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor diario de una Unidad de Medida y Actualización”, dijo.
Indicó que el financiamiento público de los partidos políticos ha sido uno de los pilares de la equidad en la contienda electoral. “Explorar mecanismos para su eventual racionalización es, en todo caso, un asunto que le corresponde decidir, exclusivamente, al Poder Legislativo”.
Agregó que un segundo rubro corresponde al “presupuesto precautorio” necesario para la eventual realización de ejercicios de democracia participativa, Consulta Popular y Revocación de Mandato, contempladas en el artículo 35 constitucional y que le corresponde al INE organizar a nivel federal.
“La inclusión de ese monto deriva de una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció que el Instituto debe contemplar la posibilidad de que ejercicios de esta naturaleza puedan realizarse y, por lo tanto, debe incluir en su proyecto de presupuesto los recursos necesarios para llevarlos a cabo.
“Es por ello que, para 2022, el INE está solicitando una partida precautoria por 5 mil 743 millones 573 mil 799 pesos; de los cuales, mil 913 millones 125 mil 708 pesos corresponden a una posible Consulta Popular, que aún podría ser promovida por el Ejecutivo, por alguna de las Cámaras o por la ciudadanía, y 3 mil 830 millones 448 mil 91 pesos para organizar el proceso de Revocación de Mandato, si así lo decide el 3 por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal”.
Si ello ocurre, anotó, el INE deberá organizar esos ejercicios con la misma calidad técnica, y las condiciones de legalidad y certeza que caracterizan a los procesos electorales.
“Llevar a cabo una Revocación de Mandato es equiparable a organizar una elección federal de principio a fin, y por ello los requerimientos presupuestales son altos”, enfatizó.
Para 2022, a diferencia de la Consulta Popular del 1 de agosto pasado, el INE no contará con la inercia que supuso la elección federal y que permitió aprovechar muchos de sus gastos para ese ejercicio, dijo.
“En esta ocasión partiríamos de cero. Por ello, aunque aún no sabemos si se reunirá el mínimo de firmas necesarias para realizar la Revocación de Mandato, en el INE ya nos estamos preparando para ello, tomando decisiones como el diseño de la boleta, la definición de los calendarios y cronogramas y la planeación de las tareas de capacitación y organización electoral. Incluso ya hemos destinado recursos (117 millones de pesos) para que si así lo decide la ciudadanía todo esté debidamente preparado para una organización exitosa de ese ejercicio, tal como ha ocurrido puntualmente con los procesos electorales de los últimos años.
“Es falso que el INE pretenda bloquear los ejercicios de democracia participativa. Todo lo contrario: la solicitud de recursos suficientes para organizarlos de manera profesional y seria dan cuenta del compromiso del INE con sus obligaciones constitucionales y con la ciudadanía”, enfatizó.
Córdova Vianello indicó que en caso de que no se lleven a cabo los ejercicios de democracia directa mencionados, el monto solicitado será reintegrado íntegra e inmediatamente a la Tesorería de la Federación, para que se destine a otras prioridades del gasto público.
En tercer lugar, continuó, figura el presupuesto institucional, por un monto de 13 mil 84 millones 168 mil 469 pesos, que incluye el presupuesto base para la operación del Instituto por un monto de 11 mil 225 millones 455 mil 783 pesos, y la cartera institucional de proyectos con un monto de mil 858 millones 712 mil 686 pesos.
Al respecto, destacó que un 28.4 por ciento del presupuesto base, casi una tercera parte, se destinará a la expedición de la Credencial para Votar y a la actualización del padrón electoral; esto es, 3 mil 719 millones de pesos que son necesarios para seguir brindando este servicio gratuito a la ciudadanía de manera eficiente, profesional, segura y con todas las medidas de protección sanitaria, del que depende la principal herramienta de identidad en el país.
En este mismo rubro, agregó, se comprenden 3 mil 498.7 millones de pesos para la operación de la estructura desconcentrada del INE (32 Juntas Locales y 300 Juntas Distritales, en las que labora el 70 por ciento de los miembros del Servicio Profesional Electoral); 338 millones de pesos para llevar a cabo la fiscalización de los partidos políticos y de las campañas electorales y 275.9 millones para operar el sistema de monitoreo de radio y televisión en el país.
En el presupuesto operativo, dijo, destaca también una partida de mil 37 millones de pesos para que el INE cumpla con sus funciones en la coorganización de las seis elecciones locales de 2022 en las que se renovarán seis gubernaturas.
Señaló que esos rubros representan, sumados, casi el 70% del total del gasto operativo del INE.
Aseveró que “un dato relevante es que el presupuesto solicitado por el INE, excluyendo las prerrogativas de los partidos políticos, representa el 0.27 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación proyectado para 2022; y si quitamos los recursos de la Revocación de Mandato y de la Consulta Popular, hablamos de apenas 20 centavos de cada 100 pesos del gasto público o, lo que es lo mismo, sólo uno de cada 500 pesos”.
Señaló que los recursos solicitados por el INE para el 2022 “permitirán al país seguir contando con una democracia funcional y un sistema electoral eficiente, profesional y confiable”.
