Tonatiuh Muñoz Aguilar
Luego de que la Secretaría de Gobernación estatal anunciara que presentó denuncias penales contra dos integrantes del Ayuntamiento de Puebla por su presunta participación en los actos vándalicos del pasado Día Internacional de la Mujer, funcionarios del gobierno municipal adelantaron que recurrirán a instancias de Derechos Humanos.
Catalina Pérez Osorio, encargada de despacho de la Secretaría de Gobierno municipal, advirtió que habrá consecuencias jurídicas si la administración de Miguel Barbosa continúa en su intento por criminalizar la protesta pública y deslindó una vez más a las trabajadoras de los desperfectos causados en edificios públicos como el Congreso del Estado y la sede del PRI municipal.
Acompañada por el secretario general del Ayuntamiento, Damián Romero Suárez y la encargada de despacho de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Vianeth Rojas Arenas, Catalina Pérez Osorio reveló que el gobierno de Claudia Rivera Vivanco ya acudió ante la Comisión estatal de Derechos Humanos para acompañar a las dos trabajadoras señaladas a pedir la protección a sus garantías individuales.
Sostuvo que si el organismo estatal no atiende las peticiones de las afectadas, la Comuna recurrirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para prevenir que se violente más a las trabajadoras, ante la serie de ataques que se han desatado desde distintos medios de comunicación y redes sociales, luego de que se les acusó desde el gobierno del estado.
«Acusar con falsedades a las compañeras también tiene implicaciones jurídicas para quienes las exhiben de manera irresponsable; es muy importante que esta responsabilidad que se le achaca al gobierno municipal también tenga responsabilidades jurídicas y políticas. Creo que se debería más bien de reflexionar la política que otros niveles de gobierno están siguiendo”, expresó.
Pérez Osorio señaló que quienes causaron desperfectos el pasado lunes, fueron las integrantes de un nuevo grupo de feministas radicales, quienes se escindieron de la mayoría por diferir en temas como la inclusión de personas trans y recordó que en la víspera, un conjunto de 19 colectivos de mujeres se desmarcaron de la vandalización de los inmuebles.
Además puntualizó que las feministas no usan colores rojo, negro ni rosa para realizar pintas como las que afectaron edificios públicos y sostuvo que la autoridad municipal «no va a permitir que a través de acusaciones falsas se impute a dos trabajadoras del ayuntamiento y quienes acusan sin fundamentos tendrán que enfrentar un proceso legal inevitablemente».
