El pleito verbal que derivó en una denuncia penal por parte de la secretaria con licencia de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla, Alejandra Rubio Acle, contra los regidores Luis González Acosta y Libertad Aguirre Junco, es una verdadera prueba de fuego en materia de corrupción.
La situación es sumamente seria porque “sospechosamente” la secretaria pidió licencia sin goce de sueldo para llevar adelante el proceso penal ante la Fiscalía General del Estado –demanda que puede tardar varios meses-.
La secretaria con licencia rechazó categóricamente que sus familiares o amigos se hayan beneficiado con los contratos millonarios entregados a empresas para instalación de los tan criticados bolardos en la ciudad de Puebla.
Por el contrario, Luis González Acosta y Libertad Aguirre están demandados penalmente por afirmar que sí.
¿Quién miente?
Si los regidores tienen las pruebas del supuesto acto de corrupción deberán presentarlas ante la Fiscalía General del Estado.
¿Las tienen?
¿Qué tipo de prueba?
O sólo se dejaron llevar por versiones periodísticas sin mayor fundamentan y en su afán de protagonismo decidieron dar por cierta la versión sin tener las pruebas necesarias.
Eso pronto lo sabremos.
Lo que queda claro es que es muy “extraña” la licencia de Alejandra Rubio Acle, debido a que podía atender su querella en funciones.
Vamos a ver qué sucede para saber si es el primer caso de corrupción comprobada en el Ayuntamiento de Puebla o los regidores serán exhibidos como unos mentirosos.
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ya anunció que investigará quién avaló los controles de confianza aprobados por Luis Francisco Bustamante Flores para asumir el cargo de director de Seguridad de San Martín Texmelucan, cuando enfrentaba una demanda por secuestro y por el cual fue detenido.
Ayer la Fiscalía General del Estado reveló una verdadera joya al admitir que esa dependencia entregó la Carta de Antecedentes No Penales a favor de Luis Francisco en febrero de 2019.
También la dependencia confirmó que a la par se le investigaba por el secuestro de cuatro personas.
Así que el gobernador deberá empezar por la Fiscalía porque algo apesta terrible en esa institución.
