El gobernador Alejandro Armenta llamó a los partidos políticos a revisar cuidadosamente los perfiles de quienes buscan contender por cargos de elección popular, al advertir que deben evitar postular a personas con posibles vínculos con actividades delictivas, en medio de cuestionamientos sobre el escenario político de Quecholac.
El mandatario señaló que los derechos políticos están garantizados por la ley y que, para restringir el derecho de una persona a votar y ser votada, debe existir una sentencia firme en los términos que establece la legislación. No obstante, consideró que las dirigencias partidistas tienen la responsabilidad de analizar los antecedentes y las conductas de quienes aspiran a una candidatura.
Durante su declaración, Armenta utilizó el término “malandrín” para referirse a personas involucradas en delitos como el robo de hidrocarburos, la extorsión, el despojo de propiedades y otras actividades ilícitas, incluidos delitos fiscales y financieros.
El gobernador cuestionó que una persona señalada por este tipo de conductas pueda llegar a ocupar un cargo público y posteriormente utilizar esa posición para continuar con actividades ilegales. Por ello, insistió en que los partidos deben actuar con rigor al definir sus candidaturas, incluso si eso implica perder una posición política.
Al ser cuestionado sobre Quecholac y los señalamientos relacionados con familiares de personas vinculadas con actividades criminales, el mandatario centró su respuesta en la responsabilidad de las fuerzas políticas para evitar que perfiles cuestionados lleguen a los gobiernos municipales.
Asimismo, defendió el trabajo del secretario de Seguridad Pública estatal y de la titular de la Fiscalía General del Estado, al señalar que ambos han participado en acciones para desarticular grupos delictivos. Añadió que el combate a estas organizaciones implica riesgos para quienes participan en los operativos de seguridad.
Armenta reiteró que la selección de candidatos debe considerar la responsabilidad de garantizar que los cargos públicos sean ocupados por personas comprometidas con la legalidad y la seguridad de la población.
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