El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, dio a conocer que desde el martes pasado se realiza una auditoría extraordinaria al interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el propósito de revisar a profundidad los procedimientos administrativos aplicados durante los últimos 10 años.
De acuerdo con el funcionario, el gobierno estatal instruyó esta revisión luego de detectar posibles inconsistencias en la asignación de plazas docentes y administrativas, así como en la expedición de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOES) otorgados a instituciones privadas. Estos documentos permiten que universidades y centros educativos incorporen sus programas de nivel superior al sistema educativo nacional, por lo que su aprobación debe cumplir con criterios estrictos de legalidad, calidad académica y transparencia.
García Parra explicó que el objetivo central de la auditoría es identificar presuntas irregularidades, evaluar cómo se otorgaron los permisos y plazas en sexenios anteriores y, en caso de encontrarse prácticas fuera de norma, determinar responsabilidades administrativas o legales. Subrayó que este proceso no busca una persecución política, sino garantizar que el sector educativo opere con reglas claras y bajo principios de legalidad.
Asimismo, señaló que la revisión incluye el análisis de expedientes, dictámenes técnicos, procesos de evaluación, documentación presentada por instituciones privadas y los criterios utilizados por áreas internas de la SEP para avalar programas académicos. Agregó que se revisará también si hubo favoritismos, retrasos injustificados, uso discrecional de facultades o cualquier otra conducta que pudiera haber derivado en un uso indebido del servicio público.
El coordinador del gabinete recordó que los RVOES tienen un impacto directo en miles de estudiantes, ya que determinan si los títulos y certificados que emiten las instituciones privadas tienen validez oficial. Por ello, insistió en que es indispensable asegurar que todas las autorizaciones otorgadas en el pasado cumplieron con los requisitos legales y académicos establecidos.
Finalmente, García Parra mencionó que una vez concluida la auditoría, se elaborará un informe detallado que será entregado al gobernador y a las autoridades correspondientes para definir las acciones a seguir. Reiteró que el gobierno estatal mantendrá una postura de tolerancia cero ante cualquier irregularidad detectada y que se actuará conforme a la ley para fortalecer la confianza en la administración educativa.
