Carlos Gómez / @gomezcarlos79
La concesión que entregó Rafael Moreno Valle a la empresa Agua de Puebla por 30 años está diseñada para evitar prácticamente su cancelación.
Actualmente, el Gobierno del Estado de Puebla tendría que pagar más de 8 mil millones de pesos a la empresa para retomar el control de la distribución y cobro del servicio de agua potable.
Ayer en rueda de prensa, el gobernador electo Alejandro Armenta reiteró que es enorme el costo para las finanzas cancelar la concesión.
De acuerdo con el contrato que dejó Rafael Moreno Valle, la empresa Agua de Puebla tendrá bajo su control la distribución del agua hasta el 2043.
Es decir, la empresa tendrá el control por los siguientes 19 años, lo que implica que tendrán que pasar otros tres gobernadores antes de que el Gobierno del Estado recupere el control del agua.
Lamentablemente para los poblanos no existen condiciones para revertir la concesión y por eso lo único que queda a las autoridades estatales es presionar a la empresa para que mejore la distribución del agua.
Legalmente sí se puede cancelar la concesión, pero el costo del pago es enorme y generaría un enorme boquete financiero para el Gobierno del Estado y, además, tendría que tener otra cantidad de dinero lista para la inversión de la red de agua potable.
Así que poco o nada se podrá hacer en este tema.
Agua de Puebla tiene blindada la concesión por tres décadas y apenas ha pasado
una.
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Un verdadero acierto el gobernador electo, Alejandro Armenta, el nombramiento de Silvia Tanus, como la próxima secretaria de Movilidad y Transporte.
Su carácter, su preparación y su experiencia están a la altura de lo que se requiere para lograr la tan necesaria modernización del transporte público en Puebla.
Silvia Tanus es uno de los mejores nombramientos que ha hecho hasta el momento el gobernador electo y se espera lo mismo para el área de Seguridad.
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