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Tonatiuh Muñoz Aguilar
A casi tres años de la desaparición de Paulina Camargo, el caso atraviesa por una etapa crítica cuando un juez de control dictó prisión preventiva necesaria en contra de José María Sosa Álvarez, a quien se acusa de asesinarla a pesar de que el cuerpo de la joven nunca fue encontrado. El joven de ahora 22 años fue imputado recientemente por el delito de desaparición, debido a la nueva ley en la materia expedida a principios de 2018 por la autoridad federal.
Paulina Camargo Limón desapareció el pasado 25 de agosto de 2015 luego de entrevistarse con José María Sosa Álvarez, quien entonces era su novio, en un departamento de la Unidad Habitacional «La Margarita», al oriente de la capital de Puebla.
De acuerdo con los reportes judiciales, Camargo Limón estaba embarazada en el momento de su desaparición, razón que habría motivado a Sosa Álvarez «El Chema» a asesinarla, debido a que éste se enteró de que supuestamente no era el verdadero padre e intentó desentenderte de la responsabilidad.
Sin embargo todo esto son sólo suposiciones, ya que las declaraciones que en su momento argumentó la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), fueron obtenidas mediante tortura contra el hoy encarcelado, según acreditó su defensa a través de dictámenes avalados por la Comisión estatal de Derechos Humanos (CDH). La imputación original de «feminicidio» no ha podido ser sostenida, debido a que el cuerpo de Paulina nunca fue encontrado, lo que llevó a José María a ganar tres amparos.
Casi tres años en la oscuridad
Desde el momento en que el caso estalló a la luz pública, los padres de José María argumentaron que el joven era inocente y que su encarcelación estuvo al margen de la ley, debido a la evidencia de tortura por parte de los agentes ministeriales de la entonces PGJ contra el joven, así como la falta de un cuerpo que justificara el feminicidio.
Mientras los padres de Paulina Camargo exigen justicia para su hija y todo el peso de la ley contra José María Sosa, los familiares de este último aseguran que su vástago es igualmente una víctima de la mala impartición de justicia en México, ya que debido a la mediatización de la desaparición de Paulina, aseguran, la Procuraduría quiso cerrar el caso a como diera lugar, aún falseando declaraciones e inventando culpables.
El resultado fue contraproducente: lejos de dar «carpetazo», la Procuraduría motivó que el caso Paulina Camargo se convirtiera en un hecho sin salida, un crimen sin resolver que a unos meses de llegar a su tercer aniversario, parece todavía lejos de cerrarse.
Un cuerpo que nunca apareció
La desaparición de Paulina generó toda clase de movilizaciones en la capital del estado, afectado precisamente por aquellos días por una primera ola de feminicidios que, coincidentemente, expusieron a sus principales víctimas como adolescentes embarazadas que fallecieron a causa de la mano de sus parejas sentimentales, quienes no quisieron hacerse responsables del producto.
Pero tras una decena de días desde la desaparición de la joven, el caso entró en una fase sin salida cuando, de acuerdo con la Procuraduría General del Estado, «El Chema» confesó que había asesinado a Paulina en un momento de ira y había tirado su cuerpo en un contenedor de basura de La Margarita.
Los cuerpos de búsqueda de la PGJ se movilizaron hacia el basurero municipal, ubicado en la zona conocida como «Chiltepeque», en la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla. Cualquier trabajo de rescate del cadáver resultó infructuoso, ya que en una ciudad como Puebla, donde diariamente son depositadas más de 100 toneladas de basura, encontrar el cuerpo de Paulina era algo como ubicar una aguja en un pajar.
A partir de entonces el caso se ubicó en la polémica de si se podía acusar de feminicidio a un joven, cuando no existía el «cuerpo del delito». Esto motivó incluso un intento de reforma a la ley por parte del Congreso del Estado, el cual finalmente se quedó sólo en eso, debido a la inconstitucionalidad en la que se hubiera ubicado acusar a una persona de homicidio sin que existiera la seguridad de que la víctima fue asesinada.
Acusan a José María de desaparición
La ola de desapariciones que afecta al país desde que el expresidente Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado, motivó que la sociedad civil impulsara una Ley de Desaparición Forzada promulgada por el ejecutivo federal en febrero de 2018. Esto benefició a la ahora Fiscalía del estado de Puebla, entrampada desde hace por lo menos dos años en la disyuntiva de querer imputar feminicidio a un joven cuando no existe la certeza de que Paulina está muerta.
Por lo tanto el pasado 3 de abril, la Fiscalía General de Justicia imputó un nuevo delito a José María Sosa, esta vez por desaparición de la joven. Sosa, quien desde 2015 permanece encarcelado en la prisión de San Miguel, a pesar la cantidad de amparos ganada, espera ser vinculado a proceso por este nuevo delito, mientras que el juez de control que lleva su caso le ha dictado prisión preventiva necesaria como medida precautoria.
A la polémica generada en sí misma por el caso Paulina, se sumó la actuación poco ética de algunos medios de comunicación en Puebla. Tal es el caso de Diario Cambio, que en el año 2016 aseguró sin pruebas que la joven no había muerto sino que trabajaba como «scort» (acompañante para caballeros) en el estado de Nuevo León. Esto generó no sólo el rechazo de amplias capas de la sociedad sino también la molestia por parte de la Procuraduría y una amenaza de demanda por parte de los padres de la joven.
