La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla impugnó el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo el argumento de que esta tarifa transgrede las garantías individuales de los ciudadanos.
La impugnación fue promovida mediante la figura de «acción de inconstitucionalidad», y fue anunciada a través de un comunicado que la CDH hizo público en su cuenta de Twitter. El organismo que preside José Félix Cerezo, considera que el DAP transgrede los derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria,
Informó que se busca eliminar los artículos que estipulan el cobro del DAP en las Leyes de Ingresos Municipales 2022 de 144 municipios de Puebla, es decir, todos los que fueron «perjudicados» por el Congreso del Estado, organismo que aprobó la tarifa el pasado 24 de diciembre.
Para la CDH, el cobro del DAP constituye un nuevo impuesto y no un derecho, que incrementa directamente el consumo de energía eléctrica, cuyo gravamen corresponde únicamente al Congreso de la Unión.
