Titánica, es la responsabilidad que ahora tiene el Congreso del estado, y más la Comisión de Derechos Humanos, en elegir al nuevo o nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH).
Apenas el martes 29 comenzaron las exposiciones de los aspirantes a suceder a Félix Cerezo Vélez, y este 30 de octubre continuarán más postulantes.
Pero surge la interrogante ¿?
Se está presumiendo que la transparencia y escuchar a las voces ciudadanas, es el estandarte que encabeza este nuevo proceso de renovación de la CDH.
Entonces, ¿realmente sí se tomarán en cuenta a todos esos organismos y activistas que se han pronunciado y respaldado a al menos dos personajes, de los 12 contendientes?
Por ejemplo. Más de un centenar de ciudadanos: activistas, periodistas, académicos y feministas, han mostrado su respaldo a la madre buscadora, María Luisa Núñez Barojas, fundadora y vocera de la organización “Voz de los Desaparecidos”, para ocupar la titularidad de la CDH del estado de Puebla.
Todos ellos y ellas reconocen la trayectoria de la candidata y la lucha que ha hecho a favor de los derechos de las víctimas de desapariciones.
Otro caso es el de Marco Antonio Moreno Rosendo, quien más de 200 organizaciones, personas defensoras de los Derechos Humanos, académicos y personas involucradas en la política firmaron una carta mostrando su apoyo para el abogado.
Los firmantes resaltaron su trayectoria profesional en la que por casi dos décadas, afirman, ha trabajado a favor de los derechos de sectores de la población que son vulnerados.
Pero todo eso podría ser ignorado y la Comisión en la materia en el Poder Legislativo que encabeza Roberto Zataráin, se inclinaría por seguir una posible línea política.
Me cuentan que el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, quiere a su gente de confianza en la CDH; por eso ahí la presión.
A tal grado, que el Congreso del estado podría elegir a Isela Sánchez Soya como la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos estatal. Eso se dice.
Entonces ya se verá si pudo más el peso de ONGs y activistas o la presión política.
