Por resolución del tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, lainvestigación acerca de la llamada Casa Blanca, que involucró al ex presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y a la empresa Higa, concluyó con sanciones a los ex funcionarios identificados como responsables de la desaparición del expediente en el que constarían las pruebas de los actos ilícitos, con un castigo en el cual los indiciados únicamente deberán realizar acciones de servicio social y ofrecer una disculpa pública por no haber resguardado la documentación original y dejado en su lugar una copia de la versión pública con todos los datos importantes testados (tachados o borrados).
A pesar de la oposición de los representantes de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes argumentaron que se debía sancionar con pena de prisión a los indiciados, porque “el agravio causado lo resintió directamente la SFP, y la sociedad en general por el tipo de asunto materia de investigación, pues el expediente extraviado es de trascendencia nacional”, la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola determinó concederles lo que se denomina un mecanismo alterno de solución y una suspensión condicional del proceso penal.
La resolución del tribunal fue emitida en septiembre de 2021, y el pasado jueves 26 de mayo un juez de control con sede en el Reclusorio Norte cumplió la sentencia dictada por la magistrada Porras Odriozola.
