El gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, y el presidente municipal de la capital, Eduardo Rivera, tuvieron este martes su primera discrepancia política desde el arranque de la administración que encabeza el panista en el municipio poblano, debido a la concesión de los paraderos del transporte público por un lapso de diez años a una empresa privada.
Para el gobernador del estado, esto no es más que un intento por ejercer el control político por medio de bienes que son del dominio público, en este caso un cotizado espacio publicitario en vísperas de la elección más importante en Puebla, que es obviamente la de su sucesión, programada para el año 2024.
Para nadie es un secreto que Rivera Pérez se perfila como un contrincante importante en dichos comicios, de tal modo que Barbosa no dejó pasar la oportunidad de enfatizar lo que significa que el ayuntamiento de Rivera pretenda concesionar mediante un comité de cercanos, aproximadamente 500 paraderos y otros 800 pendones en la ciudad.
Barbosa se permitió incluso recordarle a Rivera que durante la campaña pasada, él prometió ser diferente de sus antecesores y de pasó rememoró lo difiícil que fue para él enfrentarse al poder ejercido desde el morenovallismo, cuando en la campaña de 2018 le fueron cerrados los espacios en casi todas las rutas del transporte público, cuyas concesiones controlaba el marido de quien fuera su contrincante.
Por su parte el alcalde capitalino, declaró que no existe un impedimento legal para que su gobierno entregue concesiones por diez años de un servicio publicitario, y además señaló que el Congreso no tiene la facultad para aprobar o rechazar dicha entrega, toda vez que no se trata de un contrato.
Esto luego de que Barbosa señalara en su videoconferencia matutina que el Poder Legislativo tendría la última palabra al decidir en este tema.













