Me da temor pensar que un alcalde en lugar de bachear o reforzar la seguridad, sea líder de un grupo delictivo dedicado al robo y la extorsión.
Peor aún que se aprovechen de la nobleza de comerciantes y ciudadanía en general quienes trabajan de sol a sol para ganar el sustento familiar.
Que, en lugar de velar por la tranquilidad de los gobernados, sólo generen miedo e incertidumbre.
Eso no debe pasar en Puebla, ni en ningún lugar del mundo.
De acuerdo con la ley, los presidentes municipales están obligados a prestar servicios públicos y velar por el bienestar de los ciudadanos, entre otras facultades.
Sin embargo, hay quienes encontraron el camino perfecto para tener poder y delinquir al mismo tiempo.
Todavía no cumplen ni un año en el cargo, y ya salieron a la luz pública los nombres de algunos ediles vinculados con actividades ilícitas.
Pero ¿Cuál es el camino perfecto?
Simple y sencillamente refugiarse en los partidos políticos para buscar cargos de elección popular que les sirva de protección para ser verdaderos delincuentes.
En octubre del 2024, asumieron el cargo los 217 alcaldes de Puebla.
En marzo de 2025 conocimos la detención de los hermanos Uruviel y Giovanni González Vieyra, alcaldes de Chalchicomula de Sesma y Tlachichuca, respectivamente, abanderados por Movimiento Ciudadano, lo que destapó una presunta red de corrupción, nepotismo y crimen organizado que se ha perpetuado en esas regiones por décadas.
Debido al avance de las investigaciones, ambos fueron destituidos del cargo y entraron en funciones los alcaldes suplentes.
Este fin de semana trascendió otro caso el decomiso de drogas, armas, cartuchos útiles en inmuebles propiedad del presidente municipal de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero, del partido Morena-PT, aunque no fue detenido.
Ahora se sabe que en ese municipio enclavado en la Sierra Norte hay denuncias por cobros de piso, robo a transportistas y narcomenudeo.
Lo más grave, es que su papá Gerardo Cortés Betancourt también fue presidente municipal en los períodos 2008-2011 y 2018-2021, y pesan sobre él varios señalamientos de corrupción.
¿Cómo evitar que gente así llegue a cargos de elección popular?
Pues primero, los partidos políticos no deben postularlos y entre los requisitos para ser candidatos presentar la carta de antecedentes no penales.
Pero ¿Realmente habrá voluntad para cerrarle la puerta a esos políticos disfrazados de delincuentes? Ojalá que sí para evitar el costo político en próximas elecciones. Ni Más Ni Menos.
Hasta entonces…
Ana Celia Lara
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