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- Las normativas que regulan la actividad humana frente a la naturaleza representan mecanismos de contención fundamentales frente a las prácticas extractivistas y dañinas para los ecosistemas.
Desde el origen de la civilización, el ser humano ha modificado su entorno para satisfacer sus necesidades. Cuando un espacio se volvía inhabitable, se trasladaba a otro. El paso de la vida nómada a la sedentaria hizo evidente que muchas alteraciones del entorno tienen consecuencias irreparables. La crisis medioambiental es prueba de ello.
Como parte de las actividades de vinculación con la Plataforma de Acción Laudato Si’, la IBERO Puebla ha celebrado diversos espacios de reflexión y acción desde el quehacer universitario. La Dra. Ana María Ramírez Santibáñez, académica de la Universidad Jesuita, exploró algunas bases para entender las ciencias jurídicas como auxiliares para el cuidado de la casa común.
Se conoce como derecho ambiental al conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir en las interacciones entre los seres vivos y su entorno. Corresponde a los niveles gubernamentales local, estatal y federal llevar a cabo acciones para proteger esta garantía fundamental.
La protección de los ecosistemas requiere de colaboración internacional. Recursos como las declaraciones de Río y Viena, así como el Protocolo de Kioto, promueven el adelgazamiento de fronteras y el trabajo intergeneracional para refrendar el ambiente sano como derecho de toda la humanidad.
Por su parte, México cuenta con un amplio marco normativo en la materia, cuyo fin último es establecer prohibiciones idóneas para preservar los ecosistemas y recursos naturales y prevenir situaciones de riesgo. El principio in dubio pro ambiente de reciente creación impulsa las acciones jurisdiccionales siempre en favor de la naturaleza.
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“Las políticas tendrían que hacerse considerando a todos los implicados para que pudieran cumplirse mejor. Si los dejamos fuera, no sabremos qué necesitan”: Dra. Ana María Ramírez
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Ramírez Santibáñez indicó que la regulación de la conducta humana puede darse a partir de técnicas disuasorias (multas, sanciones, cárcel) y promocionales (premios a las buenas prácticas). “Hay que darle más preminencia a la segunda para que la persona no se vuelva dependiente del reconocimiento”, matizó.
Además, algunas garantías constitucionales pueden verse limitadas para garantizar el derecho al medioambiente, como ocurre con los derechos al movimiento y a la residencia siempre que los ecosistemas y la calidad de los recursos naturales están en juego.
El interés por el cuidado de la casa común emana de la encíclica Laudato Si’, un texto en el que el papa Francisco exhorta a launidad global frente a los distintos rostros de la crisis ecológica. Tanto el sumo pontífice como los promotores del cuidado medioambiental encuentran en las generaciones más jóvenes a los principales actores de cambio.
