La delincuencia organizada realiza alrededor de 3.7 millones de llamadas al año desde teléfonos celulares y casetas fijas en cárceles federales y estatales, las cuales en su mayoría son para extorsionar, según un informe del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (IFT) enviado al Senado.
El informe deriva de una investigación del IFT en siete penales con población de 20,000 reos y que se ubican en distintas regiones del país con características diversas. Los operadores móviles dieron seguimiento a un estudio de 2016, refiere el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado.
El Comité Especializado de Estudios de Investigación en Telecomunicaciones, expone que cada semana, en un solo penal, se realizan hasta 219,700 llamadas.
La investigación capturó resultados casi idénticos de 2016 y 2017, lo que evidencia la “Inutilidad de los equipos bloqueadores de señal Instalados’’.
En algunos penales estatales cada semana se realizan más de 43,000 llamadas usando solamente 90 equipos y en federales más de 19,000, con igual número de equipos.
“Para la sociedad en general, estas cifras son alarmantes si se combinan con los reportes oficiales que señalan un Incremento en actividades delictivas relacionadas con la extorsión y el secuestro’’, añade el informe enviado al Senado.
Asimismo el IFT indica que se confirma que hay una cantidad apreciable de equipos sospechosos en el conjunto de penales de la muestra; incluso donde hay pocos equipos puede ocurrir una cantidad de llamadas con propósitos delictivos a lo largo del día, afectando a los usuarios y la calidad del servicio por las interferencias que generan los bloqueadores instalados.
Recomendó a las autoridades penitenciarias diseñar programas que reduzca al máximo la introducción de equipos terminales y de IMSIS (Identidad lnternacional de Abonado Móvil), en los recintos penitenciarios.
Además se subraya importancia de que los equipos bloqueadores de señal se adecuen a las especificaciones técnicas en el menor tiempo posible y operen conforme a las bases para la Instalación y Operación de Sistemas de Inhibición, a fin de alcanzar los objetivos de política pública.
El propósito de la investigación es actualizar y dar seguimiento al estudio realizado durante 2016 sobre el número de equipos terminales móviles que operan dentro una muestra de recintos penitenciarios.
