La Operación Enjambre, estrategia federal implementada para combatir la corrupción y las posibles redes de protección institucional vinculadas con grupos delictivos, suma hasta el momento 111 personas detenidas, entre funcionarios y exfuncionarios públicos.
De acuerdo con información del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, entre los detenidos se encuentran al menos nueve presidentes municipales en funciones. Las investigaciones se han extendido a entidades como Morelos, Puebla, Estado de México y Jalisco.
En Puebla, las acciones de seguridad alcanzaron a autoridades municipales. Como parte del operativo, elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales, realizaron de manera simultánea 23 órdenes de cateo en el municipio de Esperanza.
El despliegue dejó como resultado la detención de nueve personas que, de acuerdo con las autoridades, estarían relacionadas con una estructura criminal dedicada presuntamente al robo de transporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.
Entre los detenidos se encuentra Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza, además de Abigail “N”, quien se desempeñó como directora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde.
Durante los cateos también fueron aseguradas 35 armas de fuego, 52 cargadores y 11 vehículos, entre ellos cuatro con blindaje y uno con blindaje artesanal y torreta. Asimismo, se localizaron prendas tácticas, un dron y un inhibidor de señal.
A estas acciones se suma la detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, señalado por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.
La Operación Enjambre forma parte de la política federal de cero tolerancia a la corrupción y cero impunidad, bajo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de investigar posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales, independientemente del cargo o filiación política.
Las autoridades federales sostienen que estas acciones buscan debilitar la capacidad operativa de grupos delictivos y sus posibles redes de protección dentro de las instituciones, particularmente en delitos como el robo al autotransporte, robo en carreteras y extorsión.
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