Tonatiuh Muñoz Aguilar
Durante los últimos días circuló información respecto a tres amparos ganados por Ricardo Alexis N., el chofer de Cabify que presuntamente asesinó a Mara Fernanda Castilla Miranda, la exalumna de la UPAEP desaparecida y luego hallada muerta durante septiembre de 2017, que motivaron incluso la publicación de cabezas periodísticas como «Ricardo Alexis con un pie fuera de la cárcel».
De inmediato, la Fiscalía General del Estado se apresuró a especificar que uno de los tres amparos obtenidos por la defensa del sospechoso únicamente ordenaba reponer el proceso por el delito de «feminicidio» y que Ricardo Alexis permanece firme en la prisión de San Miguel.
Lo cierto es que muy pronto los poblanos podrán atestiguar una eventual victoria del organismo que encabeza Víctor Carrancá o bien, recibirán un nuevo revés por parte del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que pese a tener casi dos años de haber sido implementado en la totalidad del país se sigue llamando «nuevo».
A lo largo de innumerables discursos, el fiscal General del Estado ha argumentado que la Fiscalía es una de las mejor calificadas a nivel nacional, principalmente en el caso del sistema de justicia penal que presuntamente representó un parteaguas en cuanto a la impartición de justicia en el país, un país con más de 90 % de impunidad según estimaciones.
Lo que decida próximamente un juez sobre el presunto homicida de Mara revelará si verdaderamente esos peritos, ministerios públicos y abogados auxiliares que tanto presume el fiscal están capacitados en estas nuevas técnicas de integración de un expediente, de sustento de pruebas y hasta de argumentación verbal en el momento de intentar que se finquen cargos contra un probable delincuente.
Porque el caso Mara Castilla representa no sólo el emblema del feminicidio en Puebla, de la degradación social que se vino gestando en estos territorios a lo largo de mucho tiempo hasta llegar a situaciones similares, sino también será el retrato del estado actual de las instituciones, de la meticulosidad o no por parte de la Fiscalía, de su trabajo ante uno de los casos más mediáticos del actual gobierno.
