El Congreso de Puebla aprobó este jueves la iniciativa para penalizar con uno hasta tres años de cárcel y multas que van de las 50 a las 200 UMAS, las llamadas terapias de conversión o ECOSIG, que son Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual o Identidad de Género de las personas.
La iniciativa fue propuesta por el diputado de Morena, Carlos Evangelista Aniceto en octubre de 2021, y el pasado 24 de myo fue aprobada en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
A partir de ese momento, grupos ultraconservadores y algunos pastores protestantes se manifestaron desde diferentes espacios en contra de la penalización de las terapias, aludiendo distintos argumentos como la libertad de culto, el derecho de los padres a educar a sus hijos y la decisión de cada persona por «cambiar» su orientación sexual si así lo requiere.
Sin embargo, tal y como se expresó este jueves desde el Congreso y de acuerdo con especialistas en el tema, las terapias de conversión son en realidad torturas (psicológicas, físicas o sexuales), que infunden organizaciones o personas en lo individual con el objetivo de establecer una identidad u orientación «heteronormada», aún en contra del propio deseo de quien es sometido a esos «tratamientos».
Antes de que la iniciativa fuera votada, la diputada del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia intentó suspender la discusión de la propuesta, al presentar una moción suspensiva para que ésta regresara a comisiones, bajo el argumento de que no estaba suficientemente discutida.
En votación económica la moción suspensiva fue rechazada y posteriormente, la misma legisladora presentó una iniciativa reformatoria que buscaba definir como terapia de conversión únicamente aquellos «tratamientos» que incluyan violencia físcia y sean sometidas sin consentimiento de las personas.
Finalmente, la propuesta de Carlos Evangelista fue aprobada con una mayoría de 33 votos a favor, 0 en contra, siete abstenciones de toda la bancada del PAN y un impedimento. Durante su intervención, el diputado proponente agradeció al gobernador Miguel Barbosa, quien desde la videoconferencia matutina del pasado miércoles 1 de junio calificó las ECOSIG como una violación a los derechos humanos.
