Si algo quedó claro con los mensajes del rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, del Consejo Universitario y el auditor del jueves y viernes es que Francisco Romero Serrano se equivocó. Cometió su primera pifia en el cargo.
Me explico:
Ni el rector ni el tesorero o el propio contralor interno de la BUAP se niegan a ser auditados. De hecho, aunque lo quisieran no podrían. Son sujetos obligados de fiscalización. Están precisamente obligados a ser auditados.
Lo que exige la BUAP es que la fiscalización se realice conforme a Derecho, en el caso específico, que los recursos federales sean fiscalizados por la entidad fiscalizadora competente que es la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y no la Auditoría Superior del Estado (ASE).
No sólo es una posición institucional, es un mandato que está en la Constitución Política, la cual es más que clara al señalar que la fiscalización de recursos federales corresponde directamente a la ASF.
Ahora bien, la BUAP fue clara al precisar que la auditoría “preventiva” que quiere realizar el titular de la ASE es ilegal e inconstitucional, ya que dicha figura no se encuentra prevista en la constitución federal y menos aún como facultad de la Auditorías estatales, situación en la que descansa el argumento y la postura del Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la BUAP.
La BUAP asegura que la actuación de la ASE fue contraria a Derecho, no se cumplieron con las formalidades que en Derecho proceden, lo cual se afirma ya que no medió notificación personal, ni citatorio con quien físicamente representa a la BUAP.
De hecho, quienes se ostentaron como comisionados de la ASE no lo acreditaron, ya que fueron omisos en describir desde el inicio de la visita sus identificaciones.
Es decir: si el auditor quería quedar bien con alguien, pues le salió el tiro por la culata porque lo exhibieron como falto de pericia y conocimiento de los procedimientos. Y de paso propició un desgaste innecesario entre el presidente del congreso, Gabriel Biestro y el rector Alfonso Esparza, quienes mantienen buena relación personal e institucional.
Lo que un pasquín -que trae campaña contra la BUAP- publicó sobre el criterio de la SCJN es diametralmente diverso al objeto y fin de la actuación de la ASE en el caso específico… pero cómo le explico.
No hay confusión, de lo contrario se atentaría legalmente a la BUAP y a su autónomia.
El caso debe resolverse por la vía del diálogo y la institucionalidad. No vaya a ser que el auditor piense que la ASE es su empresa y quiera hacer lo que le venga en gana.
Gracias y nos leemos mañana.
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