Por Rocío García Olmedo
Todos los días vemos imágenes, mensajes, expresiones, actitudes, que retratan desigualdades comprobables entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, tanto pública, como privada.
Y una vez más vamos conociendo los últimos Informes anuales que se han difundido: el nuevo de la International IDEA, que refleja el deterioro preocupante que en el mundo ocurre al Estado de Derecho que incide en buena medida en contra del acceso de las mujeres a la justicia; el de Desigualdad de género de la ONU, que pone en el centro del análisis las “barreras sistémicas” a las mujeres; el Panorama de género 2026, que revela una reducción del apoyo político a la igualdad de género, transversal, medible y acumulada; así como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, obligada a atenderse derivado de que la inseguridad acompaña la vida de las mujeres arrojando cifras que demuestran que mayoritariamente son las víctimas.
Panorama desolador porque unos y otros retratan un horizonte de avances sociales lentos, que corren el riesgo de regresiones en derechos conquistados, lejos estamos aún de alcanzar una evolución natural en la que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo.
Todo lo anterior obligadamente se entre enlaza al inicio de un proceso electoral de muy alta importancia como el que tendremos el próximo año, porque si bien los avances en México han sido innegables desde que en el 2014 se incorpora en la Constitución el Principio de Paridad y se complementa en el 2019 con la Paridad en Todo, hoy las mujeres ocupan la mitad del Congreso de la Unión, en Puebla en el Congreso local son mayoría, gobiernan en 13 entidades federativas, los más altos números en la historia de nuestro país.
Sólo que en muchas ocasiones hay que recordar que estos logros no han sido concesiones de los partidos políticos, muchas décadas y la organización de las mujeres que impulsaron reformas constitucionales y de leyes secundarias; mucho empujaron desde lo local para armonizar y homologar todas ellas; litigios estratégicos y sentencias que fueron obligando a la apertura de espacios antes reservados solo a los hombres.
Por eso importante la aplicación y el cumplimiento de la normativa que obliga a la paridad en todo, a su aplicación transversal desde todos y cada uno de los cargos de elección popular, los de la administración pública y los del Poder Judicial, lo dice la ley.
Por eso organizaciones como Mujeres en Plural, que recientemente celebró su Asamblea Nacional y que además ha contribuido de manera fundamental para su logro, ha venido solicitando al INE los lineamientos para que se cumpla con al menos 9 mujeres en las 17 entidades donde se elegirán gubernaturas y que en los restantes cargos a elegirse se cumpla con la paridad, cuidando integralmente todos los procesos tal como lo marcan tanto los documentos básicos de los partidos políticos como la normativa que rige estos procesos: reconocer el trabajo territorial de militantes, acompañar trayectorias, protegerlas de violencias internas y externas, abrir espacios, impulsar liderazgos, escuchar todas las voces, donde se postulan, con qué recursos competirán, etcétera, evitando anteponer resistencias que mediante la reproducción y el uso de estereotipos de género pretenden bloquear el acceso de las mujeres a posiciones que por ley les corresponden.
Tal vez por ello organizaciones internacionales sostienen que ninguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de Igualdad comprometidos para el 2030 se van a cumplir en ese plazo.
El retrato de la desigualdad está a la vista, en el debate público, en la conversación ciudadana, en las expresiones, en los mensajes, en las conductas, en las contradicciones, en las actitudes y en la narrativa cotidiana y por eso justamente debe interesarnos cumplir con la Paridad.
Bien se ha escrito “Una democracia en la que la mitad de la población no participa en igualdad de condiciones es una democracia incompleta” (Tagle, 2026)
